Los restos del pacto de 2019: juez declara la nulidad de los asesores nombrados

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado la ejecución de la sentencia de junio del pasado año del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Almería en el que se declara “la nulidad” de las resoluciones de personal eventual dictadas en julio de 2019. Para entender esta situación es necesario retrotraerse a la pasada Corporación municipal y la negociación del reparto de asesores y administrativos en los grupos políticos.

En ese momento el Partido Popular contaba con 13 concejales y necesitaba el apoyo o bien de Cs o bien de Vox para poder gobernar en minoría. Durante la negociación, a estos grupos -con dos ediles cada uno- se les otorgaba 3 asesores mientras que al Grupo Socialista se les daba dos bajo la premisa del equipo de Gobierno de que se les había incrementado el número de liberaciones entre los concejales.

Según el Reglamento Orgánico de Pleno establecía que  a los grupos de la oposición se les daría un asesor por grupo municipal, otro más por portavoz, y luego otro más cada tres ediles. Además, un administrativo por cada cuatro ediles.

Proporcionalidad
Con la presencia de cinco grupos en el plenario, esto se hacía imposible (debería haber 32 asesores cuando se permiten por ley 27, los mismos que concejales forman la Corporación) y se decidieron los repartos antes mencionados. Así, desde el Grupo Socialista se creyó que no se cumplía el principio de proporcionalidad y se vulneraban los derechos fundamentales del grupo impidiendo su correcto trabajo, por lo que fueron a los tribunales.

Ahora, estos le dan la razón y tras un año desde que llegara la sentencia y “ante la falta de ejecución municipal” han solicitado que se ejecute al tribunal. Explica Adriana Valverde, portavoz del PSOE, que “la alcaldesa ha hecho un escrito reconociendo el error, anulando los nombramientos y pidiendo que no tengan que devolver su salario los asesores implicados”. 

El Grupo Socialista está estudiando un paso más porque “se vulneró un derecho fundamental” y creen que lo primero que habría que realizar es la anulación de la modificación del texto del que se hizo del Reglamento del Pleno en 2021 para adecuar los repartos de asesores (porque ya no se diferencian con los administrativos) a las decisiones que ya se había tomado en el año 2019.