La Fiscalía y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional preparan el salto de la Operación Edu a la provincia de Almería, en el caso del presunto fraude en el destino de los fondos públicos para cursos de formación para desempleados.
La UDEF ha abierto una investigación en la provincia de Málaga sobre 17 empresas que recibieron fondos de la Junta de Andalucía para programas educativos a través, básicamente, de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), clausurada en 2012 en el plan de reordenación del sector público. Las pesquisas se concentrarían inicialmente en las ayudas emitidas en los ejercicios de los años 2009 y 2010.
La investigación centra su mirada ahora sobre un presunto desfalco en las empresas radicadas en Málaga, aunque tiene en el punto de mira otras entidades en provincias andaluzas. De momento, la UDEF no ha realizado registros en Almería y no ha constancia de detenidos ni imputados. No obstante, fuentes de la investigación apuntan a pesquisas en torno a los fondos recibidos en varios centros de formación con ayudas públicas, aunque todas empresas o entidades privadas.
Cámara de Cuentas
La Fiscalía Superior tiene en su poder la información presentada por la Cámara de Cuentas de Andalucía en el mes de enero sobre la emisión de fondos de apoyo a la formación. Según este estudio de ‘Fiscalización de subvenciones’, en la provincia de Almería se realizaron más de 1.600 cursos de formación en los años 2009 y 2010, aproximadamente un 60 por ciento para desempleados.
El informe señala que se llevaron a cabo “visitas de seguimiento” en el 100 por ciento de los cursos para desempleados, mientras en el caso de los ocupados se alcanzó un nivel de control del 89 por ciento y 80 por ciento en los ejercicios 2009 y 2010 respectivamente. La Cámara de Cuentas ya detectó algunas irregularidades como “bajas de alumnos que no habían sido comunicadas a la Dirección Provincial” por la entidad encargada de la realización de los cursos.
Además, en el apartado de conclusiones y recomendaciones, aspecto nuclear en la investigación de la Operación Edu, el estudio aseguraba que “el 89 por ciento y el 36 por ciento de las ayudas de 2009 y 2010 se concedieron utilizando el procedimiento de concurrencia no competitiva” mediante “la suscripción de los convenios con los agentes económicos y sociales”.
En este sentido, señala la Cámara de Cuentas que “no se aplican los mismos criterios de valoración por todos los órganos gestores para la baremación de las solicitudes en la concurrencia competitiva”, lo que abriría un espacio de discrecionalidad en la concesión. “No hay constancia documental de los criterios empleados para el reparto de crédito entre los distintos procedimientos de concesión (competitiva y no competitiva) y entre las diversas modalidades de ayudas”, añade el documento.
El consejero andaluza de Educación, Luciano Alonso, aseguró ayer en rueda de prensa que la Junta de Andalucía colabora con la investigación iniciada por la UDEF y que, hasta el momento, en el marco de la fase iniciada en Málaga, se ponen en dudas cantidades muy inferiores a las denunciadas. Fuentes citadas por CADENA SER apuntan a un posible fraude de 2 millones.
Luciano Alonso ha criticado que “se pone en duda la legalidad de las cantidades, que representan el presupuesto total de la formación profesional para el empleo en Andalucía en los ú
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