El Consejo de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado con los votos favorables de Partido Popular e IU y la abstención de PSOE la propuesta de inicio del expediente de expropiación, mediante tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la ampliación de la Plaza Carabineros, en el barrio de El Zapillo.
Este procedimiento sigue a la aprobación definitiva, el pasado 31 de marzo, del cambio de calificación de su uso anterior, residencial, a espacio libre público, mediante la modificación puntual del PGOU, “un planeamiento que ya aprobado legitima al Ayuntamiento para proceder a la expropiación, toda vez no ha sido posible el acuerdo y un entendimiento con la Junta de Andalucía”, ha explicado Venzal, recordando que “la intención que siempre ha manifestado el equipo de gobierno solicitando la superficie de este suelo, 547 metros cuadrados según medición real sobre cartografía disponible, ha sido la de transformar su actual espacio, hoy cerrado, y convertirlo en una plaza para el disfrute ciudadano abriendo un paso directo al mar desde la Avenida Cabo de Gata, en una zona de especial densidad de viviendas”, subrayó.
El coste total de la indemnización de la expropiación, de acuerdo con la valoración realizada por el Ayuntamiento de Almería, es de 496.903,21 euros, incluido el 5% de premio de afección, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Expropiación Forzosa, una cantidad que podría verse incrementada en un 5% más, hasta completar el 10% que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece para el caso de que por el interesado se aceptase la indemnización de la administración, lo que supondría un total indemnizatorio de 546.593,53 euros, importe total que el Ayuntamiento autoriza como gasto en este procedimiento.
Notificado el acuerdo a la Junta de Andalucía, la administración regional cuenta con un plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente en que reciba la notificación, para que presenten hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia o presentar en su caso alegaciones. En el caso de existir una contrapropuesta por parte de la Junta al precio que se ha determinado por parte del Ayuntamiento, éste cuenta con un plazo de diez días para aceptarla o, en su defecto, hacer las alegaciones que estime pertinentes empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración.
En este sentido, el concejal de Urbanismo, Pablo Venzal, espera que “la propuesta sea aceptada por la Junta y no se dilate más el proceso que pretende desarrollar el Ayuntamiento sobre este espacio, en el que ya se está trabajando en la Gerencia de Urbanismo en forma de proyecto, dando así satisfacción al interés general que tiene en ello la ciudad”. Si finalmente la Junta rechazara el precio ofrecido por la Ayuntamiento será el Jurado Provincial de Expropiación quien determine finalmente el justiprecio.
Venzal ha criticado una vez más la posición que sobre este asunto ha mantenido
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