La Junta pretende formar a empleados públicos en materia de inmigración

Las novedades normativas en materia de extranjería y el papel de las entidades locales en la gestión de la diversidad y en la integración de la población de origen inmigrante son los dos temas principales del curso de formación intercultural que comenzó ayer en Almería, dirigido a personal de las administraciones públicas y de organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes, a fin de mejorar su capacitación y la calidad de la atención que se proporciona.

La delegada del Gobierno, Sonia Ferrer, inauguró este encuentro incluido en el programa de formación sobre interculturalidad que la Consejería de Justicia e Interior ha puesto en marcha en colaboración con cinco universidades públicas andaluzas, entre ellas la de Almería, en el marco del proyecto europeo Forinter2.

Objetivos

Con esta iniciativa, la Junta pretende que la formación de los empleados públicos en materia de interculturalidad e inmigración contribuya a prestar un mejor servicio a la ciudadanía y a conseguir una mejor gestión de la pluralidad y diversidad de la sociedad andaluza actual.

El curso, que se celebra en el Centro de Actividades Náuticas de la capital, se desarrolla en cuatro sesiones formativas los días 10, 11, 17 y 18 de junio. La primera de ellas, celebrada ayer, se dedicó al análisis de la legislación de extranjería, a sus últimas modificaciones y a las propuestas para su reforma.

En las próximas se abordará el impacto de las políticas locales en el proceso de integración y la participación de las personas inmigrantes, a través de las experiencias de profesionales que trabajan en ayuntamientos, en distintos servicios de la Diputación Provincial, en centros de salud y educativos, o como mediadores interculturales.
Además, el curso presta una atención especial a los programas de intervención con familias inmigrantes, a la violencia de género y a la educación de niños y jóvenes de origen inmigrante.

Política de integración

La delegada del Gobierno, Sonia Ferrer, se refirió a la inmigración como ‘uno de los fenómenos que han marcado la transformación social de Andalucía en las últimas tres décadas’. Ferrer apostó por las políticas de atención e integración y las ayudas a la cooperación para dar respuesta a este fenómeno dinámico y complejo, ‘en lugar de afrontarlo como una cuestión estrictamente económica o, simplemente, como un problema de seguridad y control de fronteras’.

La delegada señaló la normalización en el acceso y el uso de los servicios públicos en igualdad de condiciones como “una de las mejores vías para la integración de la población inmigrante”. En este sentido, Ferrer destacó “la atención sanitaria, que en Andalucía se presta a todos los inmigrantes incluidos los indocumentados a los que el Gobierno de Rajoy retiró la cobertura, y la escolarización de los niños de origen inmigrante en el sistema público educativo andaluz”.

Para la delegada de la Junta, los recortes del Gobierno central dificultan la labor de las comunidades autónomas en la integración de la población inmigrante. Una situación que se agrava en el caso de los ayuntamientos que, además de perder recursos procedentes del Estado, “con la reforma de la administración local verán mermado el papel fundamental que desempeñan en la asistencia y el apoyo social a estas personas”.