El atasco judicial atrasa las vistas en conflictos laborales hasta 2017

El conflicto social abierto por la crisis económica y el desempleo tiene reflejo en los juzgados almerienses. Las dificultades de las empresas, los despidos, los expedientes de regulación, los desahucios y los embargos saturan los órganos judiciales de nuevas demandas, de procedimientos que ponen a pruebas sus capacidades de resolución en tiempos de recursos limitados.

Consciente del impacto de la crisis en el sector, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inauguró en el año 2008 sus informes periódicos sobre la incidencia en las distintas juridiscciones. El objetivo era evaluar la dimensión del conflicto y detectar los órganos más castigados por la sobrecarga judicial.

En Almería, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (demandas a instituciones públicas) y los Juzgados de lo Social (derecho laboral) manifiestan dificultades notables para taponar la herida de la lentitud. El asunto es particularmente delicado en los órganos de lo Social de Almería donde las citaciones se fijan ya para el primer trimestre de 2017 y la situación de los ciudadanos inmersos en procedimientos por despidos conflictivos es, a menudo, muy precaria.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, “la pendencia en los Juzgados de lo Social es muy preocupante y ha subido un 17 por ciento respecto al año anterior”. “Esto pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas de apoyo (...) la jurisdicción social, muy sobrecargada por efecto de la crisis económica, ya que en algunos partidos judiciales están señalando juicios (muchos, precisamente, por despido) con un retraso incompatible con el derecho al plazo razonable , dos años o más”, expone el último informe anual de gestión.

Materias

Por materias, los asuntos registrados en los Juzgados de lo Social de Andalucía, Ceuta y Melilla se distribuyen en 33 por ciento de reclamaciones de cantidades, 32 por ciento de despidos y 25 por ciento de reclamaciones en materia de Seguridad Social. Es decir, son asuntos donde el tiempo de resolución es crucial y esperar dos años para celebrar un vista coloca a los ciudadanos en una posición muy comprometida.

Ahora bien, no se trata de un problema nuevo. Todos los profesionales del sector vinculados a los Juzgados de lo Social, desde los propios jueces hasta los graduados sociales, han demandado mayor apoyo para la jurisdicción teniendo en cuenta las dura realidad de las estadísticas.

Según datos del TSJA, sólo en 2013, los cuatro órganos de lo Social de Almería ingresaron una media de 1.550 asuntos, justo el doble de lo previsto por el famoso módulo del Consejo General del Poder Judicial, esto es, el indicador que muestra la carga de trabajo conveniente. Así pues, la saturación, la limitación de recursos, la burocracia judicial y las suspensiones y aplazamientos se alían, en este caso, contra los ciudadanos.