Los sindicatos UGT y CCOO, las organizaciones de defensa de los consumidores UCA/UCE y FACUA y la asociación de empresas sociales Feansal quieren que todas las familias almerienses puedan llegar a fin de mes. Por eso se han puesto en marcha para recoger las firmas necesarias para promover en el Parlamento de Andalucía una iniciativa legislativa popular (ILP).
Parten de una situación dramática ya que según los últimos estudios realizados sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos, un 38 por ciento de la población no disponen de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades más básicas.
Llegar a fin de mes Ese porcentaje permite calcular que en torno a 270.000 almerienses tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, en buena parte de los casos por la situación de desempleo de la unidad familiar, en otros porque el nivel de los salarios no llega para cubrir todos los gastos.
No se trata de una estadística cualquiera ya que está basada en los datos que facilitan instituciones como el Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Condiciones de Vida), la Encuesta de Población Activa (EPA), el Índice de Precios de Consumo, Eurostat, la Agencia Tributaria y asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) o Cetelem, entre otros.
Los datos apuntan que no son sólo esas 270.000 personas, sino que otro número similar pasan también por dificultades y han de priorizar determinados gastos para evitar no poder llegar a final de mes en números rojos.
Para las organizaciones que se han propuesto llevar al Parlamento la ILP, reunidas en la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, esta es una situación preocupante, pero lo es más los que no pueden siquiera subrir sus necesidades más básicas, personas en grave riesgo de exclusión.
Renta básica Para estos desvaforecidos es para los que se está solicitando la llamada ‘renta básica de inclusión’, es decir el derecho a percibir una prestación económica mensual durante el tiempo que se acredite la situación de neecsidad y se cumplan los requisitos que se establezcan. Se trata en definitiva de echarles una mano para que puedan cubrir sus necesidades más básicas, las de vivienda, el empleo, la salud, la educación, los servicios sociales o la alimentación.
En su propuesta, rcogen no sólo la dotación de una paga para cubrir las necesidades básicas, también una serie de condiciones para evitar que se puedan cometer abusos a la hora de percibirla. La primera de ellas “no tener recursos pasa satisfacer las necesidades básicas y haber agotado todas las prestaciones a las que pudiera tener derecho”. Además la persona que aspire a esa prestación debe estar debidamente empadronada, inscrita como demandante de empleo y ser mayor de 18 años o menor emancipado.
Las obligaciones Los perceptores de esa renta básica han de cumplir con determinadas obligaciones como participar en un plan individualizado de inclusión que se acordará en cada caso, comunicar de inmediato cualquier cambio en la situación y no rechazar las ofertas de empleo que pudiera recibir.
Félix López, secretario general de UGT, afirmaba que se trata de dar respuesta a la difícil situación de muchos ciudadanos a los que la crisis ha dejado sin recursos. Juan Pallarés, secretario general de CCOO, sostiene que en las curcunstancuas actuales “hace falta una renta básica de marcado carácter social que cubra a la gente sin empleo y sin prestaciones para que puedan sobrevivir”.
Isabel Haro, de Feansal, sostiene que la situación de precariedad extrema de mucha gente es una triste realidad en Andalucía. José Antonio Díaz Roda, presidente de UCA/UCE cree “imprescindible disponer de esa renta básica para cubrir los gastos mínimos de los hogares”.
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