La UDEF prevé 35 imputados entre profesores y empresarios en Almería

La Policía Nacional engorda la nómina de empresas almerienses investigadas en el marco de la denominada Operación Edu Costa, centrada en un presunto fraude en el destino de ayudas públicas para cursos de formación en Andalucía. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha tomado declaración en la Comisaría de Almería a 13 personas, la mayoría empresarios y profesores.

En la jornada del martes comparecieron en calidad de imputadas siete personas, entre ellas Juan Fernando Ortega Paniagua, exconcejal socialista en Roquetas y administrador de tres sociedades dedicadas a la formación profesional y subvencionadas por la Junta de Andalucía entre los años 2010 y 2012.

Mientras, en la jornada del miércoles acudieron en la Comisaría de Almería seis empresarios y profesores, incluido José Luis Leseduarte, concejal socialista de Tráfico, y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Vícar. El edil ejerció como profesor en el Centro de Formación Indalo S.L. durante unos 30 años como especialista en prevención de riesgos laborales.

La empresa aparece en tres convocatorias de ayudas públicas para la formación desde el año 2010. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) aprobó aportaciones superiores a los 250.000 euros para cursos en la localidad de Vícar. Leseduarte participó como profesor, aunque no tuvo funciones directivas.

El concejal se desvincula de cualquier actividad defraudatoria y continuará en el cargo. En un comunicado, el Ayuntamiento de Vícar señaló ayer que Leseduarte “ha declarado ante la Policía sin que se le haya imputado delito”.  “No le une ninguna vinculación empresarial al Centro de Formación Indalo, uno de las entidades formativas investigadas, y no es socio ni lo ha sido nunca, ni ha formado parte del accionariado de dicha empresa”, apostilla. Leseduarte finalizó su actividad como profesor en julio de 2011, según esta versión.

El cerco

La Policía Nacional continuará con las diligencias de investigación mañana y no ha citado a ningún empresario para la jornada del jueves. No obstante, hasta el próximo 20 de febrero espera confirmar las imputaciones de 35 personas en la provincia de Almería. Además, la UDEF extenderá el cerco policial a sociedades mercantiles beneficiarias de subvenciones en Guadix y Sevilla. No en vano, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, aseguró que “hay investigaciones en otras provincias” y que las detenciones podrían extenderse a toda la región.

En la mayoría de los casos, los sospechosos son citados a comparecer en calidad de imputados o detenidos, aunque quedan en libertad a la espera de la llamada del juez instructor. Es el caso de Almería, donde la Policía Nacional colabora con el Juzgado de Instrucción número Cuatro. La magistrada María del Mar Cruz ha renovado el secreto de sumario nuevamente. Las diligencias se abrieron el pasado verano.

El "sospecha" de intereses electoralistas

La Operación Edu Costa enfrenta a socialistas y populares y, paralelamente, cuestiona la independencia de la Policía Nacional en la investigación del presunto fraude en ayudas para cursos de formación concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo.

Aunque la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se mostró tajante el martes al pedir que “crujan” a quienes se hayan apoderado irregularmente de fondos públicos, un miembro de su gobierno plantea ahora dudas sobre intereses ocultos en la intervención judicial. 

“En este momento siento algunas dudas respecto a esta operación porque estamos en un momento preelectoral y parece un tanto sospechoso que no sean los jueces los que determinen”, señaló el consejero de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, en una entrevista concedida a 8 TV recogida por Europa Press. “Me siento mucho más tranquilo cuando este tipo de operaciones tienen el sello del poder judicial”, añadió el consejero andaluz.

En esta línea, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez, cargó contra la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, a la que acusa de perjudicar la independencia de la Operación Edu Costa. Según ha explicado Jiménez, “la posición de Crespo como delegada del Gobierno andaluz es a todas luces insostenible desde el mismo momento en el que se la elige número uno por Almería en la lista del Partido Popular a las Elecciones Autonómicas”.

Mario Jiménez, destaca que “el Gobierno central  debe reflexionar sobre esta situación porque sin lugar a dudas compromete el normal funcionamiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y puede arrojar dudas respecto a las operaciones policiales en marcha”.
Por su parte, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, se acerca más a la postura expresada por Susana Díaz. “El Gobierno andaluz no quiere servir como paraguas de nadie que haya podido meter la mano en las arcas públicas”, aseveró ayer en Algeciras (Cádiz). “No voy a entrar a juzgar lo que haga la Policía, ni ningún juez o fiscal”.

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