La titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Almería, Ana Belén Vico, ha reabierto el caso del presunto robo y distribución de datos personales en un ordenador usado por la Policía Portuaria de Almería. La magistrada cita a dos imputados a declarar en el juzgado el próximo mes de marzo tras recibir diligencias ampliatorias de la Policía Nacional.
Los hechos se remontan a la mañana del pasado 11 de julio. Trabajadores de la Policía Portuaria hallaron en zonas comunes y taquillas copias de un escrito anónimo contra miembros del mencionado sindicato, extraídos de la cuenta personal de un agente.
El anónimo aportaba documentos privados extraídos presuntamente de la bandeja del correo electrónico del denunciante a través de una ordenador ubicado en un puesto de control del Puerto de Almería y con acceso limitado a los policías. Además, acusaba a varios compañeros de “tener la costumbre de grabar las conversaciones privadas de sus compañeros”.
Así pues, el Grupo VI de la Policía Judicial investigó una denuncia emitida a finales del mes de julio por miembros de la sección sindical de CCOO, enfrentados a la dirección de la Autoridad Portuaria y directamente aludidos en los anónimos.
Según detalla la denuncia, con datos de la dirección IP (dirección del equipo), se produjeron tres conexiones durante la tarde del 7 de julio. En las horas señaladas estaban en ese turno dos agentes de la Policía Portuaria. El responsable de la organización solicitó a la Autoridad Portuaria la “salvaguardar” las imágenes de las cámaras de seguridad durante el “uso indebido del ordenador del centro de control” y así acotar quién manejaba el equipo a esas horas.
Instrucción judicial
El asunto llegó al Juzgado de Instrucción número Tres de Almería con dos sospechosos. Los agentes de la Policía Portuaria identificados como I.G.R. y F.M.S. eran, a priori, los únicos con acceso al ordenador en la franja horaria investigada. Por ello se les tomó declaración en las pesquisas policiales.
Sin embargo, el procedimiento quedó archivado. La juez instructora estudió el asunto y decretó el sobreseimiento provisional “al no resultar autor conocido de los hechos”. Esto es, los anómicos podrían ser constitutivos de algún delito, pero no existían pruebas de su presunto autor.
El cierre de las actuaciones provocó el malestar de los tres perjudicados. Ahora bien, unas diligencias ampliatorias dan un nuevo aire a la instrucción y la magistrada Ana Belén Vico decide ahora reabrir el procedimiento. Según expone un auto fechado el 28 de enero, “procede la reapertura de estas diligencias, vistas las actuaciones recibidas, de las que se desprende una presunta participación en los hechos denunciados de F. M. S. e I. G. R.”.
Tres testigos prestarán testimonio ante la magistrada el próximo 10 de marzo, un cuarto testigo lo hará el día 11 y los dos imputados ofrecerán su versión el día 12. La juez no explicita en su auto la imputación de ningún delito concreto, aunque la representación legal de la sección de CCOO en el Puerto de Almería apunta a posibles delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el ejercicio de la libertad sindical. Fuentes de la dirección apuntaban a un enfrentamiento sindical ajeno a la Autoridad Portuaria.
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