Alaya ordena el arresto de Laborda y de un ex director general de Empleo

La magistrada Mercedes Alaya golpea de nuevo las estructuras de la Junta de Andalucía por una supuesta malversación de fondos públicos. La denominada Operación Barrado, coordinada por el Juzgado de Instrucción número Seis de Sevilla y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, deja 16 detenidos vinculados directamente a la gestión de ayudas para el empleo.

Según fuentes oficiales del Instituto Armado, entre los detenidos hay siete ex directores generales del Servicio Andaluz de Empleo. Los actuales delegados provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, fueron también detenidos y automáticamente apartados de sus funciones.

En la provincia de Almería, la Guardia Civil arrestó la mañana de ayer a Francisca Pérez Laborda, ex delegada provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, y a Andrés Sánchez Hernández, ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Ambos fueron arrestados durante la mañana de ayer y trasladados a Sevilla para prestar declaración en el juzgado dirigido por Mercedes Alaya. Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

Investigación

Pérez Laborda fue localizada en las dependencias de la Junta de Andalucía en la calle Hermanos Machado de la capital, donde trabaja como asesora. La intervención fue desarrollada por la UCO con la cooperación de agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería.

Se espera que Pérez Laborda y Sánchez Hernández presten declaración ante la magistrada a lo largo de la mañana y que queden en libertad con cargos a la espera de la evolución de la instrucción judicial.

Mercedes Alaya abrió estas diligencias el pasado mes de enero al encontrar “bolsas de fraude” en la concesión de ayudas y renovó a finales de febrero el secreto de sumario. Dirige su mirada directamente a los gestores. Por tanto, se trata de una pieza distinta a la denominada Operación Edu (con la variante Edu Costa), actuación desarrollada por la Policía Nacional y centrada fundamentalmente en las empresas beneficiarias de subvenciones para cursos de formación para desempleados.

De hecho, durante la Operación Barrado se ha detenido esencialmente a cargos o ex cargos públicos. También han caído los ex directores gerentes de los consorcios Formades y Ciomijas, así como a la presidenta de la UTE gestora de Ciomijas, según fuentes oficiales de la Benemérita.

Perfiles

Francisca Pérez Laborda (Macael, 1958) tiene a sus espaldas una larga carrera en la política almeriense. Licenciada en Geografía e Historia, accedió a una plaza como técnico administrativo en el Ayuntamiento de Macael. En 1992 ingresó en la Unión General de Trabajadores (UGT) y en 1994 en el PSOE, donde ha ocupado distintas responsabilidades.

Se presentó en las listas socialistas para el Congreso de los Diputados. Fue secretaria general de la Agrupación Municipal de Macael y miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE. En el ayuntamiento marmolero asumió en 2003 competencias en materia de Urbanismo y, como diputada provincial socialista,  el Área de Vivienda.

Su salto a la Junta de Andalucía se produjo en mayo de 2008 cuando se convirtió en delegada provincial de Empleo relevando a Clemente García. Abandonó el puesto con su cese en julio de 2012 y, desde entonces, ocupa un puesto como asesora para la administración autonómica en la provincia de Almería.

Por su parte, Andrés Sánchez Hernández (Almería, 1975) ha desarrollado buena parte de su carrera en actividades vinculadas al medio ambiente. Es licenciado en Ciencias Políticaspor la Universidad Nacional de Educación a Distancia y militante de Los Verdes

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Entre los años 2004 y 2008, Andrés Sánchez fue secretario general de Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente, departamento en el que también trabajó como asesor desde 2001. Fue docente en el Instituto Andaluz de Administraciones Publicas. En abril de 2010 fue nombrado director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas. Cesó en el cargo un año después.

La coincidencia de las detenciones ordenadas por Alaya con el periodo electoral ha levantado nuevamente el malestar en las filas socialistas, que defienden la gestión de Laborda y a otros altos cargos.

Apoyo del PSOE

El PSOE de Almería envío la tarde de ayer un comunicado sobre la operación. "La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería expresa su solidaridad con la ex delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Almería, Francisca Pérez Laborda, y quiere reconocer públicamente la labor que ha realizado en ese cargo", señala.

Asimismo, expresa su confianza en la justicia, recordando la necesidad de que se respete el principio de presunción de inocencia. "Desde la Ejecutiva Provincial socialista se ha considerado, desde el respeto al trabajo judicial, que el principio de presunción de inocencia habría sido mejor salvaguardado si esta actuación se hubiera desarrollado de otro modo, alejada de procedimientos que generan una alarma social innecesaria y que en nada contribuyen a la hora de esclarecer los hechos".

Para concluir, la Comisión Ejecutiva Provincial ha expresado su convencimiento sobre "la honestidad con la que ha ejercido su trabajo Pérez Laborda y espera celeridad en la resolución de la investigación para que esta no le cause mayores perjuicios, de difícil reparació"n.