Las inspecciones de trabajo cuestan a empresarios 750.000 euros en multas

La vulneración de los derechos de los trabajadores en sus condiciones diarias y las carencias en materia de prevención de riesgos laborales cuesta a los empresarios almerienses más de 750.000 euros en multas en un año, según un informe estadístico publicado por la Junta de Andalucía.
El documento recoge los resultados sobre expedientes sancionadores iniciados tras el acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de cada provincia o incoados a partir de de las visitas realizadas en los centros de trabajo.

Almería acumula multas en 250 expedientes abiertos durante el año 2014. Dos tercios corresponden a infracciones en materia de salud laboral, en la prevención de accidentes o enfermedades profesionales. El tercio restante afecta a la vulneración de las condiciones contractuales sobre descansos, horas extraordinarias, jornada, descansos, vacaciones, salarios, discriminación de género e, incluso, derechos sindicales de los empleados.

Importes

Además, el informe revela el enorme peso probatorio de las actas sancionadoras levantadas por la Inspección de Trabajo porque, a pesar de la cuantía económica de las multas, que en el caso de las empresas pequeñas puede suponer un duro golpe a las finanzas de una sociedad, sólo el 40 por ciento presenta alegaciones.

En el conjunto de la comunidad autónoma los expedientes emitidos por la Inspección rondan los 2.500, según la memoria de la Junta de Andalucía. Mientras, el importe global de las sanciones roza los 7 millones de euros durante el ejercicio 2014.

Las provincias de Málaga y Sevilla acumulan el grueso de los expedientes y también las cantidades económicas más importantes de este apartado, dada la mayor actividad económica y la concentración de la población.
Las sanciones son compatibles con procesos judiciales iniciados por los trabajadores afectados por la vulneración de derechos, tales como reclamaciones de cantidad o indemnizaciones por daños en accidentes laborales (en la jurisdicción penal las diligencias por siniestralidad laboral han crecido notablemente y motivaron la creación de  la figura del fiscal especialista en el área para investigaciones de oficio).

Por tanto, la cuantía de las multas puede crecer aún más  con los posibles pagos adicionales por responsabilidades civiles de los empresarios en casos de graves infracciones o, incluso, delitos contra los derechos de los trabajadores.