Ordenan el desalojo de una finca con 20 personas en La Cañada

El Juzgado de lo Mercantil número Uno de Almería ha ordenado el desalojo de los trabajadores residentes en una finca agrícola de cuatro hectáreas ubicada en La Cañada de San Urbano, en el marco de un proceso judicial de ejecución hipotecaria. La decisión obliga a siete empleados y a sus familias a abandonar las instalaciones, propiedad del banco BBVA, aunque explotadas desde hace dos años en régimen de alquiler por el empresario José Manuel Martínez, según denuncia el sindicato SAT-SOC.

La resolución judicial afecta a una veintena de trabajadores del campo, la mayoría extranjeros pendientes del contrato de trabajo para la regularización de su situación en España. Además, deja en la calle a, al menos, una familia con un hijo menor de edad.

La propiedad pertenecía originariamente a un empresario almeriense en dificultades económicas. En 2013, José Manuel Martínez alcanzó un acuerdo para pagar un alquiler por su explotación, así como el abono de las cantidades pendientes a los trabajadores. Sin embargo, la finca fue embargada y adjudicada al BBVA durante el proceso. Ahora la ejecución hipotecaria deja a los empleados en un posición de desamparo y al empresario con contratos comprometidos y una cosecha en peligro.

El desahucio está anunciado a las 11 horas de este jueves, aunque empresarios y empleados unidos, caso poco común en estos conflictos, han anunciado resistencia. “Me voy a encerrar con los trabajadores de la finca y con otros 30 de otros invernaderos”, señala José Manuel Martínez, acompañado por la letrada Victoria Martínez. “Tengo contratos de un año comprometidos y muchos dependen de su cumplimiento para la regularización, no les voy a dejar solos”. Asegura el empresario que ha intentado sin éxito negociar la compra de la propiedad agrícola para resolver el conflicto.
Por otra parte, el letrado José Manuel Vicioso, representante de los agricultores, considera que existe una indefensión porque “nadie les ha notificado el desalojo” a los afectados. Ayer presentó un escrito para pedir la paralización del lanzamiento judicial”.

El sindicato SAT-SOC de Almería acudirá a La Cañada de San Urbano, junto a varias plataformas ciudadanas, para intentar frenar el desalojo de las familias de la finca afectada, como ya hiciera hace unas semanas en Tierras de Almería (El Ejido). “Vamos a personarnos en la finca dignamente para defender los derechos de los trabajadores”, señala Juan Luis López. “Buscamos una solución para los trabajadores, tienen un contrato en vigor y vamos a pelear por ejercer este derecho”, añade. El representantes del sindicato advierte además de la presencia de un menor.