El veto del TC a la ley antidesahucios deja en el camino las ayudas a decenas de familias

El Tribunal Constitucional tumba la ley andaluza antidesahucios. El TC anunció ayer la estimación parcial del recurso presentado por el Gobierno del Partido Popular contra el decreto sobre la Función Social de la Vivienda, que contemplaba sanciones a las entidades financieras y la expropiación temporal del uso de los inmuebles en casos de riesgo de exclusión social para los ciudadanos.

La sentencia, con tres votos particulares de magistrados favorables a la legalidad de la norma andaluza, deja a decenas de familias almerienses sin el apoyo institucional frente a la amenaza del desalojo.

La Junta de Andalucía llegó a publicar en julio de 2013 en el Boletín Oficial la expropiación del uso de tres viviendas en la provincia, dos en la capital y una en Roquetas de Mar. Eran las primeras afectadas por el decreto en Almería. En ellas residían familias en situación precaria y con órdenes de lanzamiento judicial (desalojo de las propiedades).
El anuncio de la Consejería de Fomento y Vivienda, controlada entonces por IU, coincidió en el tiempo con la adopción de medidas cautelares por parte del Tribunal Constitucional, que estudiaba ya el recurso defendido por la Abogacía del Estado frente a la legislación andaluza.

Además de estas familias, la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda tenía avanzados los informes sobre una treintena de casos más “compatibles” con las condiciones contempladas en el decreto autonómico.

El TC considera que “la norma regula aspectos relativos al derecho a la propiedad, una materia que está vedada al decreto ley, y, por otro lado, que al determinar la expropiación de determinadas viviendas vacías invade competencias que la Constitución atribuye en exclusiva al Estado”. Dicho de otro modo, la Junta de Andalucía legisló sobre aspectos sobre los que no tiene competencias.

Además, dice la sentencia del TC que la ley antidesahucio “constituye un obstáculo significativo para la eficacia de la medida de política económica”puesta en marcha por el Estado.

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, aseguró ayer que “la mayoría del TC quiere hacernos creer las tesis del gobierno: que los desahucios se paran por decreto”. Por su parte, Elena Cortés, ex consejera de Vivienda y valedora del decreto, animó a “levantar el poder del pueblo andaluz ante el golpe de estado a la autonomía de Andalucía del tribunal de los banqueros”. La actual consejera del ramo, María Jesús Serrano (PSOE), afirmó ayer que no existe invasión de competencias en el decreto andaluz.