La sombra de Rifá impide el uso del ascensor en Política Social

Acceder a las dependencias del área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Almería, ubicadas en el edificio de la Jefatura de Policía Local en la carretera de Níjar,  no está al alcance de todos. 
Al menos, no de aquellos ciudadanos que tengan dificultades en su movilidad o para quienes acudan con el carrito para bebés. El motivo lo encontramos en la falta de funcionamiento de los ascensores que conectan con las zonas de servicios sociales  y de personal. Y no se debe a una avería sino que desde el año 2012, cuando el edificio fue recepcionado por el Ayuntamiento, no han entrado en funcionamiento. 

Conflicto El origen del conflicto lo encontramos en las desavenencias entre la empresa encargada de ejecutar las obras, Predios del Sureste propiedad de Miguel Rifá, y FAIN,  instaladora de los ascensores. Según ha podido saber este periódico, la deuda contraída por el empresario  (cercana a los 53.000 euros) derivó en que la entidad no rubricará el boletín de industria, necesario para dar suministro al elevador, condicionando el mismo a la adjudicación por parte del Ayuntamiento del servicio de mantenimiento de los ascensores. 

Tres años Por aquel entonces, María Muñiz era concejal de Alcaldía, Seguridad y Movilidad del  Ayuntamiento. Responsable de la parte policial recuerda que “se tramitó la puesta en marcha de dos de los cuatro ascensores con los que cuenta esta parte del edificio” quedando pendiente las dependencias del edificio anexo, el de servicios sociales. 
Casi tres años después de que se trasladase a las instalaciones la Concejalía que dirige Pilar Ortega el ascensor sigue sin funcionar de manera que, en ocasiones, los ciudadanos que no pueden subir por las escaleras son atendidos en la primera planta de las instalaciones. 

Explicaciones  Desde la oposición, el concejal de Izquierda Unidad, Rafael Esteban tilda de “inconcebible” que el equipo de gobierno primero, recepcionara en esas condiciones la obra y segundo, que aún no haya subsanado esta situación cuando es precisamente la administración la encargada de velar por la accesibilidad en la ciudad la que “no da ejemplo”. Desde IU exigen al PP que “busquen la fórmula para que la atención al público y a los propios funcionarios se haga tal y como marca la legislación vigente”.

En la misma línea se pronuncia desde las filas socialistas el concejal Pedro Díaz, quien reclama al equipo de gobierno “que subsane esta deficiencia para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos con independencia de su situación personal y de disputas entre empresas o particulares”. Desde la Asociación Verdiblanca, su vicepresidente, Antonio Sánchez de Amo, recuerda a la administración local  “que debe garantizar la atención en condiciones de igualdad a todos los colectivos” por eso, piden que se “agilice la búsqueda de herramientas para subsanar esta situación”. Acceder al área de Políticas Sociales no es posible para algunas personas, especialmente para quienes tienen problemas de movilidad y hace falta una solución.