“Estamos en la primera línea de la intervención, somos los primeros en conocer los problemas de los ciudadanos y defender sus derechos fundamentales y tenemos presencia en los 103 municipios de la provincia de Almería”.
Las palabras de Encarna Peláez, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Almería (COTSAL) y vicepresidenta primera del Consejo General, suponen una defensa del valor de los profesionales y, al mismo tiempo, una reivindicación de una mayor inversión pública en el sector.
El Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social han puesto en marcha una campaña para “garantizar el sistema público de servicios sociales” y llama a las Administraciones Públicas a fortalecer la asistencia a los ciudadanos con profesionales formados.
“La defensa de los derechos básicos de los ciudadanos no puede estar en manos de la caridad”, señala Peláez. “La beneficencia desapareció de nuestro ordenamiento jurídico hace casi 40 años y tienen que dedicarse recursos para que sean los profesionales quienes presten los servicios sociales para la defensa de derechos fundamentales”.
Peláez advierte del efecto de la crisis económica sobre la población y de la aparición de “nuevos usuarios” en los servicios sociales comunitarios. No en vano, según cálculos del Colegio Oficial de Trabajo Social, en la provincia de Almería se atienden unos 93.000 usuarios anuales.
La presidenta del COTSAL denuncia la dejación de las Administraciones Públicas, con una política “volcada” hacia la atención a los ciudadanos “por el Tercer Sector”. No se trata de atacar a las organizaciones sociales y a los voluntarios sino de reivindicar inversión pública para derechos constitucionales.
“Hoy en día hay un desajuste entre la situación de necesidad y demanda social y los recursos que permiten darles respuesta”, subraya el Consejo Andaluz. “El sistema público no puede responder a la creciente demanda de atención que la población le demanda, faltan recursos, los servicios están desbordados, la listas de espera se han duplicado y triplicado en muchas poblaciones, y ni tan siquiera se puede garantizar la cobertura de las necesidades más básicas”.
Ratio y cobertura
Como solución, Encarna Peláez apuesta por un aumento de la ratio de trabajadores sociales por habitante, que permita atender a los ciudadanos con mayores garantías. “En la provincia de Almería hay un trabajador social en atención directa por cada 6.000 ciudadanos aproximadamente; nosotros proponemos que haya un trabajador social por cada 3.000 habitantes”.
En este sentido, el colectivo apuesta por una nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía (el proyecto actual está cargado de alegaciones) y la aprobación de un nuevo mapa que actualice las ratios de profesionales y establezca coberturas mínimas y ámbitos prestacionales. Igualmente reivindica un impulso a la Ley de Dependencia tras la paralización ordenada por el Gobierno central a los grados previstos.
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