Imputado un funcionario de la UAL por presunta malversación de fondos

El Juzgado número 3 de Almería investiga la presunta malversación de fondos públicos de manera continuada por parte de un funcionario de la Universidad de Almería que, mediante la presentación de facturas falsas, habría provocado un desfalco en la institución que rondaría los 250.000 euros. Los dos posibles delitos por los que está siendo investigado, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, se habrían producido durante más de diez años sin que nadie en la Universidad detectara ninguna irregularidad hasta el pasado verano. La Fiscalía ha incoado ya un procedimiento penal y ha solicitado la declaración del funcionario en calidad de investigado. El caso ha sido trasladado también desde la UAL al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

El modus operandi fue el mismo durante más de una década. El funcionario, responsable del servicio de cartería y correos que hay en la Universidad, solicitaba a la Gerencia un anticipo de caja para, supuestamente, comprar sellos. Ese adelanto, que él justificaba con facturas presumiblemente falsas, se pagaba en metálico, mediante transferencia bancaria o con un cheque. De esta manera, y a lo largo de más de diez años, el funcionario habría malversado presuntamente 240.445 euros. 

El fraude se descubrió de manera fortuita. El pasado mes de junio, ante la falta de liquidez en las cuentas de la Universidad, la nueva gerente solicitó al Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes que revisara las previsiones de gastos y liberara todo el dinero que no se fuera a utilizar de manera inmediata. Y fue entonces cuando se observó que, en la partida de Gastos Estructurales que, entre otros, agrupa los grandes montantes de gasto en la Universidad como limpieza, vigilancia, telefonía o correos, había un  desfase de cerca de 10.000 euros entre la cantidad presupuestada para el franqueo concertado (que se abona mes a mes) y la que se llevaba gastada. Esta diferencia aparentemente se debía a la compra de sellos. Desde 2008, la UAL tiene el franqueo concertado pero siempre se contempla en el presupuesto un dinero para la compra de sellos para el envío de cartas o paquetes que no cumplen esos estándares. 

Según la investigación interna que se realizó en cuanto se detectaron las irregularidades, solo en los cinco primeros meses de 2015 se había superado ampliamente la cantidad asignada para pagar el franqueo concertado de todo el año. En 2014, el desajuste fue de 31.000 euros.

El caso encierra mayor complejidad porque quienes firmaron autorizando tanto los anticipos de caja como la justificación de los mismos, fueron, uno tras otro, todos los gerentes que han pasado por la Universidad a lo largo de los últimos diez años. El gerente es, en la Universidad, el último responsable del centro de gastos de Gastos Estructurales y Mantenimiento y quien autoriza al Servicio de Gestión Económica a que libere esos adelantos. Ninguno de ellos se dio cuenta de que las facturas que les presentaba el funcionario para justificar esos adelantos aparentemente no reunían los requisitos necesarios. 

En muchos casos, según ha podido conocer este periódico, las facturas eran simples “recibís” con CIF falsos, pero ni siquiera el aspecto rudimentario de las mismas hizo levantar sospechas. La única justificación que explicaría esta presunta negligencia sería el elevado volumen de facturas que se tramitan en la Universidad, entre 40.000 y 50.000 al año. 

Después de cotejar documentación hasta el año 2003 y tener claro que se había cometido una presunta malversación de fondos públicos, la UAL abrió una investigación reservada y se le concedió al interesado un trámite de audiencia. Fuentes de toda solvencia aseguran que fue entonces cuando el funcionario reconoció los hechos ante la Universidad, aunque negó que la cuantía fuera tan elevada. 

La investigación, cuyos datos se remitieron al completo el pasado verano al Juzgado número 3 de Almería, ha podido establecer que, en los primeros años, este trabajador pudo malversar, supuestamente, cantidades que no superaban los 300 euros al mes. 

Pero, presuntamente, al ver que su delito pasaba desapercibido entre los grandes montantes presupuestarios de la Universidad, que ninguno de los gerentes se daba cuenta y que se daban por buenas las facturas que presentaba, fue incrementando la cuantía de los anticipos de caja hasta llegar a pedir uno cada veinte días. Al mes, el dinero del que este funcionario habría podido apropiarse estaría entre los 1.500 y los 2.500 euros, en torno a 24.000 euros anuales.