La mascarilla vuelve a ser obligatoria en los centros sanitarios

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, participó este lunes en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que había convocado de manera telemática la ministra de Sanidad, Mónica García, con el objetivo de de unificar criterios entre comunidades autónomas ante los picos de virus respiratorios. 

Trasladó su desacuerdo ante la convocatoria de este Consejo, puesto que a su juicio, estas decisiones deben tomarse en primer lugar en la Ponencia de Alertas y en la Comisión de Salud Pública donde se elabore un documento donde se establezcan niveles de alertas, indicadores, etc., para posteriormente ser avalado o no por el Consejo. 

Uso de mascarilla

La consejera exigió que esos criterios técnicos adoptados en la Ponencia de Alertas y en la Comisión de Salud Pública estén elaborados de forma previa a la celebración del Consejo para valorar el uso de la mascarilla y el resto de las medidas. Por este motivo, Andalucía votó en contra del documento propuesto del que ha tenido conocimiento una vez comenzado el pleno extraordinario por el Ministerio “al carecer de rigor técnico”. Así, incidió en la recomendación de la mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios tras la evaluación continua de la situación epidemiológica en Andalucía por parte de la Dirección General de Salud Pública.

El Gobierno, firme

Sin embargo, el asunto de las mascarillas cambió de forma rotunda a media tarde de este lunes.

El Ministerio de Sanidad impondrá a partir del miércoles el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios en toda España mediante una declaración de actuaciones coordinadas para igualar la protección frente a los virus respiratorios de todos los ciudadanos y amparar jurídicamente a las comunidades que ya la han implantado.

Así lo han confirmado a la SER fuentes del departamento que dirige Mónica García, que especifican que esta decisión se toma en virtud del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública, aunque haya acuerdo entre las comunidades, y que “obliga a todas las partes” incluidas en ella. Lo hacen ante “situaciones de urgente necesidad”, “de especial riesgo” o de “alarma para la salud pública”.