La investigación del caso Poniente eleva a 83 las personas imputadas

Desde el mismo momento de su inicio, el conocido como caso Poniente –la investigación de una presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de El Ejido- adoptó maneras de hito en la historia judicial de la provincia de Almería. A esa consideración contribuyen tanto la notoriedad de algunos de sus protagonistas (el ex alcalde, Juan Enciso, y el ex interventor municipal, José Alemán, a la cabeza) como el impacto social y mediático de los hechos que se les imputan como las mismas cifras en las que se mueve la instrucción del asunto.
Tres años largos después de judicializarse –el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería abrió las diligencias en abril de 2009, tras un trabajo previo de dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción-, el  caso Poniente acumula un voluminoso papel que supera muy de largo los cien mil folios y suma un total de 83 personas imputadas.
A una lista tan larga de implicados se suma la de abogados defensores y de procuradores en representación de las partes personas como acusación en el proceso (Izquierda Unida, PSOE, Partido Popular y el propio Ayuntamiento lo han hecho en distintos momentos). El número de imputados no presupone uno igual de futuros procesados, pero da idea de la complejidad en la que se mueve una instrucción judicial que intenta diseccionar la red de presuntos beneficiados, colaboradores y testaferros que habrían intervenido –de una u otra manera, con mayor o menor grado de responsabilidad- en el desvío de fondos públicos del Ayuntamiento ejidense a manos particulares a través de la empresa municipal de servicios Elsur. 
Entre los imputados figuran, además del ex alcalde y del ex interventor, familiares directos de ambos (esposas, hijos, hermanos, cuñados); empresarios con los que mantenían estrecha relación y familiares también de estos, así como empleados de algunas de las sociedades de todos ellos. También los miembros del Consejo de Administración de Elsur, que nunca tomaron cartas en la frenética actividad de subcontratación de servicios –prohibida, por otra parte, por el pliego de condiciones- que habría sido la vía principal, según apunta la investigación, para la distracción del dinero procedente de las arcas públicas.
Los imputados –de ellos dos han fallecido ya- han ido prestando declaración ante la juez instructora, Montserrat Peña, en distintos momentos procesales, a partir de octubre de 2009, fecha en la que la operación saltó a la opinión pública con la detención de los primeros veinte imputados, entre ellos Eeciso y Alemán.