La Fiscalía ve indicios de delito en el reparto de los fondos de formación

La Fiscalía Superior de Andalucía considera que puede haber indicios de delito en las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en las subvenciones recibidas por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para cursos de formación a parados. Concretamente, en el informe ‘Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004′, la cámara incluía la detección de numerosas irregularidades, entre ellas la concesión de ayudas por casi 49 millones de euros sin “justificación alguna”.

Ahora, tras la finalización de la investigación por parte de la unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía, el departamento que dirige Jesús García Calderón ha emitido un decreto este mismo martes que ha sido ya enviado a la Fiscalía General del Estado, a la del Tribunal de Cuentas, las fiscalías de Sevilla y Málaga, y la Junta de Andalucía.

En términos generales, la Policía Judicial señala “un manifiesto desorden” en la concesión de estas ayudas, detectándose por el órgano fiscalizador en los expedientes que han sido revisados y de forma continua una ausencia de justificación del gasto realizado. Además, pese a la importancia económica de las ayudas y su finalidad, “se habrían incumplido las numerosas recomendaciones que fueron realizadas en el año 2004 por la Cámara de Cuentas para el control de este tipo de ayudas, que no habrían sido implantadas por el organismo competente”.

Sin embargo, la Policía Judicial indica que no puede hacer conclusiones acerca de la posible relevancia penal de los hechos, aunque valora la necesidad de llevar a cabo “exhaustivas comprobaciones”, por cuanto deberían hacerse investigando cada uno de los expedientes fiscalizados. Pero, en opinión del fiscal superior, estas investigaciones deberían realizarse conforme a criterios objetivos de valoración en los que las irregularidades contables detectadas puedan configurarse, “en muchos casos, como indicios de la posible comisión de ilícitos penales”.

En el decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público indica que las “numerosas irregularidades” detectadas se pueden dividir en tres grupos: las de carácter puramente administrativo, las de carácter contable y, dentro de las anteriores, las que supuestamente se pudieran valorar como indicios de una posible responsabilidad penal que pondrían de manifiesto “la necesidad de una investigación suficiente sobre los hechos”.

“Las responsabilidades administrativas son numerosas y afectan a cuestiones diversas como la existencia de un criterio de imputación presupuestaria inadecuado como transferencias de capital y no como transferencias corrientes o la inaplicación del procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, todo ello conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones que podría haber sido incumplida”, mantiene en el decreto el fiscal superior, Jesús García Calderón, que firma el documento, con fecha 24 de abril.