Un matrimonio de Níjar pone contra las cuerdas el proyecto de Minas de Alquife

Un matrimonio de jubilados de Níjar -Manuel Sánchez Ferre y Carmen Redondo Segura- han puesto contra las cuerdas el proyecto de la empresa Minas de Alquife, que lleva años anunciando la reactivación de la explotación del mineral de hierro de esta zona granadina, que cesó hace veinte años.

La compañía, de capital holandés, anunció en 2015, a través de su representantes Juan Ramón García Secades, su intención de transportar el mineral vía camiones hasta el Puerto de Almería o de Carboneras contratando a 250 mineros para comercializar cuatro millones de toneladas anuales de mineral de hierro durante veinte años. Una provindencia judicial ha ordenado la paralización del procedimiento de expropiación instado por la mercantil sobre las propiedades en gananciales de Ferre y Redondo, informa Europa Press. El escrito del juzgado de Almería insta a la Junta a  paralizar el proceso teniendo en cuenta “la falta de firmeza de la resolución que en septiembre de 2015 acuerda la transmisión de derechos mineros a Minas de Alquife”.

Minas de Alquife S.L.U presentó en julio ante la Junta de Andalucía una petición de expropiación forzosa sobre esos terrenos mineros ubicados en el Marquesado granadino del Zenete, amparado en una resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por la que se acordaba dar el visto bueno a la transmisión de derechos mineros a la firma.

Chatarrero
La historia de Manuel Sánchez Ferre, este David que pretende derribar a Goliath, es la de un emprendedor que comenzó con un primario negocio de chatarrería. Posteriormente se dedicó a la compraventa de fincas agrícolas y residenciales en la zona de Campohermoso y Lucainena. A finales de los 90 adquirió una parte de los terrenos de Alquife a los antiguos mineros, a través de un grupo británico.

Diez años después, en 2008, decidió venderlos y encontró comprador en tres sociedades luxemburguesas: Hispainmo, Luxterra y Rura Developpement. La intención de este grupo en un principio era hacer un campo de golf y un residencial protegiendo el poblado minero como reclamo turístico.

El matrimonio vendió 700 de las 1.643 hectáreas de su propiedad, pero el consorcio empresarial incumplió compromisos de pago dejando pendiente 3,5 millones de euros, según sus abogados.

Ahora, el futuro se torna más complicado para este proyecto industrial, con el litigio sobre los terrenos, a la espera de una resolución judicial definitiva.