Un arpón en la piel del invernadero almeriense

“Como un arpón que se clava en la piel de un cetáceo y ya no sale”, así definió Juan Colomina, delegado de Coexphal, el nuevo decreto ley de la Cadena Alimentaria, que ya no es tan nuevo, porque entró en vigor el pasado mes de febrero. 

Esta normativa, de obligado cumplimiento, establece que el agricultor debe vender siempre por encima de unos costes de producción que él mismo debe indicar, y que en el caso del tomate, como precio medio, estaría en torno a los 66 céntimos por kilo. Si lo vende por debajo, estaría en ilegalidad, como así está ocurriendo ya y posiblemente sea sancionado por ello. La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexphal, considera que esta ley se puede convertir en la condena del sector, sentenciando tanto a agricultores como a comercializadoras a operar en desigualdad con respecto a sus principales competidores, y desde el punto de vista técnico es inaplicable. 

“El objetivo de esta Ley tiene que ser equilibrar la cadena y fortalecerla, creemos que el eslabón más débil sigue siendo el agricultor y las empresas productoras en origen y por ello necesitamos una Ley que equilibre la posición de ambos”, considera Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal.

Juan Colomina, delegado de Coexphal, considera que al estudiar con detenimiento esta legislación se observa su inviabilidad: “Si solo miras el precio mínimo hacia arriba, da la impresión de que todo es maravilloso y vas a cobrar todo por encima de ese precio. Pero si te detienes a mirar por debajo del precio mínimo, te das cuenta de que todo lo que antes cobrabas aunque fuera por debajo de tu coste, vas a dejar de percibirlo. 

Desde Coexphal solicitan que se dé más protagonismo a las organizaciones interprofesionales para que sea en el seno de éstas donde se debata para lograr un equilibro de la cadena alimentaria. “Hace más de 20 años que venimos dando alternativas y no solo nosotros, también la Comisión Europea y el propio Ministerio de Agricultura, y estamos trabajando en ese sentido desde 1996, y unos años después se constituyó Hortyfruta y posteriormente Hortiespaña.

 La alternativa son las organizaciones interprofesionales donde deben estar representadas todas las organizaciones que intervienen en la cadena de valor (productores y consumidores incluidos) y en su seno trabajar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo sectorial para hacerlo más eficiente”. Las organizaciones agrarias no han exteriorizado su oposición, “al menos en público, pero sí en privado”, matiza Colomina.