Grupo de regantes de Níjar acusan al presidente de vender un agua que no tiene

La gestión del agua en el campo de Níjar, una de los distritos con más superficie de regadío de la provincia, sigue levantando ampollas. Una veintena de regantes de la Comunidad de usuarios Comarca de Níjar (CUCN) han presentado un escrito dirigido a la Administración competente, en este caso la Junta de Andalucía, solicitando que intervenga para aclarar “la situación perjudicial para la comarca que ha creado el presidente de la Comunidad Antonio López Ubeda, devaluando los certificados de agua que otorga , pudiendo afectar a préstamos bancarios, transacciones y subvenciones”. En la última asamblea de la CUCN celebrada el pasado 11 de junio se informó de la incorporación de 300 nuevos comuneros que representan unas 14.000 de riego, condicionada por la directiva a la disponibilidad de nuevo caudal.

Considera este grupo de disidentes con la gestión de López que “en la Asamblea no estaba representado más  del 3% de los comuneros de la CUCN y los acuerdos se adoptaron con las representaciones de voto que llevaba el presidente y que se deberían de investigar para saber cómo se obtuvieron y a qué responden”.

Este escrito está firmado, entre otros miembros, por Joaquín Membrives, Ana Belén Sánchez González, Aureliano Méndez Cerdán, Juan Espinosa Cerdán, Juan Manuel Morillas Travé, Francisco Sánchez García, Angeles Sánchez González, Antonio Méndez Cerdán, Josefa Gálvez Martínez, José Martín Segura, Vicente Caballero Montoya, Rosa Haro Clemente, Héctor Membrives Haro.

Expone este grupo que la CUCN está tramitando desde mayo de 2018 un expediente de concesión de agua desalada de 27 hectómetros que tiene en la actualidad la Desaladora de Carboneras, pendiente de requerimientos solicitados por Medio Ambiente para unas 13.420 hectáreas, aunque, aseguran, el presidente ha hecho un modificado de proyecto para que sean 11.462 hectáreas, “lo que implica que se necesitarían más de 40 hectómetros de Carboneras”.

Concluyen que “el hecho de incorporar nuevos comuneros y hectáreas al expediente, va a perjudicar a los comuneros de pleno derecho y a las personas y entidades que han incorporado sus fincas, que han actuado de buena fe, sobre todo pequeños agricultores que han pagado cantidades importantes confiando en las falsas expectativas creadas por el presidente de la Comunidad”.