El alcalde quita a los promotores de la sierra el control de la urbanización

Somos Turre, al frente del Ayuntamiento del municipio, pretende dar un vuelco al actual planeamiento aprobado en las principales urbanizaciones turísticas de Sierra Cabrera. Sus responsables, con el alcalde, Martín Morales al frente, llevan varios meses estudiando junto a gabinetes jurídicos las posibilidades que llevarían a lo que consideran como “incumplimientos” por parte de los promotores y que ha llevado a décadas de retraso en la urbanización y dotación de servicios, según explica el dirigente municipal.

Cabrera
Un total de 20 años tuvieron que pasar desde que se aprobara su desarrollo hasta la división en unidades funcionales de las 55 hectáreas que componen Cabrera. Pese a ello, según señala el alcalde, se ha inclumplido el proyecto de urbanización, aprobado por compensación, y sólo se ha ejecutado un 39%, según los informes municipales. “Ello ha llevado a que 35 viviendas estén hoy día aún con luz de obra”, explica el dirigente local.
Los incumplimientos llevan, además, a que “más que una Junta de Compensación, se haya convertido en Entidad de Conservación”, en referencia a haber dejado sus funcines de dotar de calles y servicios y símplemente mantener lo ya realizado. Además, indica el alcalde, pese a las carencias en los servicios, no son baratos “ y las cerca de 200 viviendas se reparten al año un coste de mantenimiento de 200.000 euros”.

Cortijo Grande
Las viviendas empezaron a contruirse a comienzo de los años 70, pese a que el plan parcial no fue aprobado hasta el año 85. En la actualidad, en esta zona de unas 240 hectárea, hay unas 200 viviendas esperando obras de urbanización y de saneamiento. Según indica el alcalde, carecen también de depuradora. El único servicio es el asfactado, realizado por el Ayuntamiento en la pasada Corporación.

En este caso no hay sistema establecido, por lo que el Ayuntamiento sólo tiene que adaptar el que considera más favorable.

Cooperación
El alcalde, después de conocer iniciativas que han sido favorables en municipios como Conil de la Frontera, gobernada por Izquierda Unida, considera que el rescate y el cambio de la compensación a la cooperación es la solución más acertada; “el sistema servirá para subsanar ilegalidades y salir del estancamiento actual”. Con ello, seguirán siendo los promotores quienes estén obligados a pagar, pero los tiempos los marcará el Ayuntamiento y, con ello, obligará a los promotores al pago o subastará parcelas para hacer frente el coste. En este sentido, desde el Ayuntamiento se contempla que los propietarios preferirán el pago a una posible venta por debajo de su coste real.