Luz verde a los 2,2 millones para el nuevo enlace con la A-7 y Aguadulce

El Pleno de Roquetas aprobó ayer la modificación presupuestaria de 2,2 millones de euros, planteada por el PP para construir una entrada desde la A7 a Aguadulce norte. La propuesta contó solo con los votos del Partido Popular, ya que Ciudadanos se abstuvo y los otros partidos de la oposición, PSOE, IU y Tú Decides, votaron en contra.

Según ha explicado el alcalde, este nuevo enlace servirá para aliviar el tráfico y solucionar los problemas de retenciones que se producen actualmente. Gabriel Amat ha defendido la decisión del equipo de Gobierno de abordar desde el Ayuntamiento la construcción del vial y ha asegurado que el único interés del Grupo Popular es “dar servicio a los ciudadanos; y si hay quien no quiere dárselo, haya cada uno con sus decisiones”.

Competencia estatal
Amat se refería así a postura del PSOE, cuyo portavoz, Manolo García, ha manifestado que el Grupo Socialista esta de acuerdo en buscar una solución adecuada a la salida de Aguadulce, pero que “estamos totalmente en contra de que se destinen fondos municipales para hacer esta infraestructura que es competencia estatal”.

Por ello, los socialistas han llevado al Pleno una moción, que ha sido rechazada con los votos del PP y de C’s, para realizar “urgentemente” una Declaración Institucional para pedir al Gobierno de España que “asuma su responsabilidad y ejecute esta obra, ya que es su competencia”. 

De la misma opinión se ha mostrado IU, y así lo ha manifestado el concejal Juan Pablo Yakubiuk, quien ha aclarado que IU está de acuerdo con la necesidad de realizar el acceso “pero tal y como ya dijo en su momento esa obra debería pagarla el Gobierno de España, por ello hemos presentado una enmienda en el pleno para que se financie desde el Ministerio y no a través de las arcas municipales”.

Además, según IU, el proyecto para la construcción del nuevo enlace “incluye la expropiación de suelo de una empresa en la que uno de los administradores mancomunados es sobrino del alcalde, por lo que Amat debería haberse abstenido de votar e incluso ausentarse del pleno”.

Gabriel Amat ha asegurado que el concejal de IU “vuelve a mentir”, con el ánimo “de enturbiar el nombre del alcalde”. Además, Amat ha explicado que “existe un compromiso con los propietarios de los terrenos para “realizar una cesión sin contraprestación económica”. Por último, el alcalde recuerda que lo que se ha aprobado es una modificación presupuestaria “y no una expropiación”, por lo que no era necesario que se abstuviera ni se ausentara.

El agua costará un 53% más cara que ahora
Otro de los puntos que ha sido aprobado en el Pleno celebrado ayer, ha sido el de la modificación de las tarifas del agua que finalmente ha salido adelante después de varias mociones de los diferentes grupos. Así, los roqueteros, tendrán que pagar un 53% más cara el agua que consuman y que vendrá de la desaladora.

Durante le debate, Ciudadanos ha planteado una moción, que ha sido apoyada por el Grupo Popular, que permite suavizar la subida al repartirla entre este año y el que viene, pro lo que “se amortigua la subida de la factura del agua en un 45% a cada roquetero”, explican desde C’s.

El PSOE, aunque “entiende que el agua desalada es más cara”, ha explicado que no puede apoyar una subida “que ni siquiera cuenta con el preceptivo informe económico financiero de intervención exigido por la ley”. El portavoz socialista ha lamentado que PP y C’s “hayan aprobado una subida del recibo del agua del 53%, “de manera totalmente injustificada, basándose en una interpretación de datos que remite la empresa concesionaria y no en un informe riguroso”.

También ha salido adelante con los votos del PP  una enmienda de Ciudadanos que permite mantener las medidas de protección, de forma que no la empresa concesionaria del servicio no cortará el agua a ningunas familia sin informar previamente a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, una medida para proteger a las familias más desfavorecidas. La iniciativa supone la puesta en marcha de un protocolo que pretende incluir una tarifa especial para viviendas con más de cuatro personas; tarifa social bonificada para las familias numerosas y atención a la situación de los pensionistas y desempleados.