Preocupación por el “retraso” de las soluciones para las viviendas ilegales

Hace cuestión de días, decenas de personas recordaban en una plaza de Vera el octavo aniversario de la demolición de la casa del matrimonio Prior. Ocho años después de un episodio que marcó un antes y un después en la historia negra del urbanismo almeriense, la solución definitiva para miles de viviendas fuera de ordenación sigue sin materializarse.
En octubre de 2014 los afectados creyeron ver la luz al final del túnel. Fue entonces cuando el Gobierno andaluz presentó lo que supondría una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que recogería la posibilidad de normalizar la situación de miles de viviendas levantados bajo el modelo de parcelaciones (división de una parcela urbanística para levantar varias edificaciones).

Desde entonces los avances en la tramitación han llegado con cuentagotas. Una situación que “preocupa” a asociaciones de afectados como Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN), donde recuerdan que “hace unos dos meses, los diversos grupos políticos en el Parlamento andaluz presentaron sus enmiendas al proyecto, y que pese a ello, la tramitación -del proyecto- parece no haber avanzado desde entonces”. 

Grupo de trabajo
Por estas razón, las asociaciones de afectados de Andalucía han anunciado la creación de un grupo de trabajo compuesto por seis personas (ampliable en un futuro) que van a iniciar una ronda de reuniones con los diversos partidos políticos “para interesarse por una pronta tramitación del proyecto de ley”. En las reuniones que los colectivos de afectados van a mantener con las formaciones políticas en los próximos días se van a abordar tres cuestiones esenciales.

La principal será el compromiso de una fecha “antes de la cual estará aprobado el proyecto de ley”, que esperan sean una realidad “antes del verano”. Además, se exigirán medidas “para la urgente concesión de luz y agua para personas que viven en condiciones infrahumanas por tener una casa irregular”. Por último, las asociaciones que conforman la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) pedirán “el establecimiento en  el futuro de un grupo de trabajo en el seno del Parlamento andaluz para analizar los mayores problemas urbanísticos existentes en la comunidad, así como posibles soluciones”.

Sin casa, sin vida Según Gerardo Vázquez, portavoz de AUAN, “hay que seguir trabajando en aras a resolver lo antes posible los problemas de naturaleza humana con los que conviven cada día miles de personas”, recordando que “hay un gran número de afectados que han fallecido sin tener el sosiego de saber que su casa podía ser legalizada”, reivindica antes de hablar de la casa de los Prior, reducida a ruinas hace ocho años. 

“Ya no pueden ver su casa legalizada pues se les ha demolido pese a tener licencia y ser de buena fe, y además nadie les paga”. Hace ocho años que la problemática urbanística alcanzó su cenit y aún así, miles de afectados esperan una solución mientras, como recuerda Vázquez, unos fallecen y otros viven su jubilación sin calefacción o agua. Está claro que, a pesar de lo que parece, el tiempo no corre igual para todos.

Registro de casas: Petición de cambios a nivel estatal
En las reuniones que los representantes de compradores “de buena fe” mantendrán con las formaciones política no sólo pedirán acelerar la modificación de la ley urbanística andaluza (LOUA), en manos del Parlamento andaluz. Asimismo. En los encuentros que, según lo previsto, comenzarán a sucederse en los próximos días, los afectados por las viviendas fuera de ordenación pedirán “un esfuerzo a los partidos políticos, no sólo en cuanto a la pronta aprobación de los cambios en la normativa andaluza, sino en la normativa estatal, dado que es urgente que los consumidores puedan tener fe en lo que dice el Registro de la Propiedad en asuntos urbanísticos, lo cual no es el caso en estos momentos”. Todo con el fin de que el Registro de la Propiedad pueda informar sobre la situación legal y jurídica de una vivienda.