Juicio por el despido de tres vigilantes por el vídeo grabado en Tierras de Oria

La difusión a principios del año 2015 de un vídeo manipulado de un adolescente atado a una cama en el centro de menores Tierras de Oria generó un onda expansiva de gran alcance.

Las investigaciones de la Junta de Andalucía, la Fiscalía de Menores, la Guardia Civil y el Defensor del Pueblo Andaluz levantaron todas las alfombras del recinto en busca de posibles situaciones de maltrato y sometieron a los profesionales a un particular test de estrés para localizar irregularidades en la aplicación de los protocolos.

La asociación Ginso, entidad gestora del centro de titularidad pública, superó el examen con nota. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, mostró públicamente su apoyo a la labor de los profesionales de Tierras de Oria, la Fiscalía de Menores confirmó la legalidad de las “medidas coercitivas” tomadas ante  comportamientos violentos de los menores infractores y se abrieron diligencias penales contra el promotor de la difusión del vídeo por la presunta comisión de un delito.

Sin embargo, las consecuencias alcanzaron otras esferas. Un efecto similar a los daños colaterales. Una vez resuelta la legalidad de Tierras de Oria, tres empleados de la seguridad privada del centro de Justicia Juvenil más importante de Andalucía fueron despedidos por una supuesta actitud negligente, dada la grabación de imágenes de menores con un teléfono móvil en el interior de un recinto de máxima seguridad, donde se custodian a jóvenes con casos graves a sus espaldas. Su cese estaba vinculado a este episodio. Se abrió entonces un conflicto laboral paralelo, desligado de la vía penal. 

Peritos
Hace diez días se celebró una vista en el Juzgado de lo Social número Dos de Almería para estudiar la demanda de los empleados de la empresa de seguridad por un despido que consideran irregular. Se trata de una sociedad subcontratada para vigilar las instalaciones, ubicadas en un paraje rural a pocos kilómetros del núcleo urbano de Oria.

A la vista judicial estaban citados empleados del centro y peritos contratados para el análisis del vídeo difundido por centrosdemenores.es, cuyo contenido se estudiará también en el proceso penal abierto.

En un informe preliminar, los técnicos adscritos a la Asociación Profesional de Peritos Judiciales (Aspejure) determinaron que “la grabación ha sido manipulada y no se corresponde con la realidad de los sucesos que se pretenden hacer creer”. El vídeo se habría grabado presuntamente con un teléfono móvil y luego, según el perito, una persona “editó la señal” para “tratar de infundir pena”.

Una referencia Tierras de Oria nació hace más de 20 años como gran centro de referencia en el tratamiento de menores infractores. Aunque su construcción provocó debate en la comarca, el impacto positivo en la generación de empleo (unos 250 puestos directos) y la ausencia de incidentes apuntaló la buena sintonía con los ayuntamientos del entorno.

En las instalaciones están algunos de los jóvenes con delitos más graves de toda la comunidad autónoma. El trabajo de los profesionales es seguido en todo el país y ha motivado estudios sobre tratamiento y reincidencia.