Los tres consejeros públicos de la empresa mixta Codeur durante la anterior legislatura tendrán que ir a declarar el próximo mes de enero en calidad de investigados, después de que la juez admitiera a trámite la querella presentada por el actual equipo directivo y haya ordenado el inicio de las diligencias previas.
Así, José Carmelo Jorge, Juan de la Cruz Belmonte y Juan Martín, presidente, vocal y gerente, respectivamente de la empresa Codeur hasta 2015 y, en el caso de los dos primeros, alcalde y teniente de alcalde de la Corporación municipal gobernada por el Partido Popular entre 2011 y 2015, están citados “para ser oídos en calidad de investigados” el 19 de enero.
Querella en junio
El procedimiento judicial abierto se deriva de la querella presentada en el mes de junio tras la auditoría externa encargada por los nuevos representantes del Ayuntamiento en la empresa mixta. El auto de la juez, con fecha de 8 de noviembre, recoge que los hechos denunciados “pueden ser constitutivos de un delito de Administración desleal”.
“Detectamos irregularidades que podían ser constitutivas de delito, por eso decidimos presentar una querella por un presunto delito de administración desleal que podría conllevar un quebranto económico para la empresa de 3 millones de euros”, explica Francisco Vázquez, vocal de Codeur y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vera, gobernado por el Partido Andalucista (PA), con el apoyo del PSOE.
Entre las presuntas irregularidades denunciadas por la actual dirección de la empresa, Vázquez menciona “la venta de agua regenerada para uso agrícola y para el riego del campo de golf sin tener la autorización ni los controles sanitarios de la Junta de Andalucía”.
Agua más barata
Además, según el vocal y concejal del PA, para poder llevar el agua, la empresa tuvo que hacer obras que ahora no sirven y “el agua la vendían más barata de lo que correspondería a un agua regenerada”.
Vázquez advierte de que estos hechos pueden traer graves consecuencias para la empresa si los destinatarios de ese agua que se vendió sin los permisos ni garantías necesarias presentan algún tipo de reclamación.
Otra de las medidas cuestionadas por los actuales consejeros es la “contratación por parte de Codeur de diez personas para la limpieza de sistemas generales, cuando eso es una competencia municipal que debe asumir el Ayuntamiento”.
También denuncian la construcción de un depósito en el Hacho por 600.000 euros, “obra que dividieron en varios contratos para no tener que sacarla a concurso público y que, además, no correspondía hacerla a Codeur”.
En resumen, Francisco Vázquez asegura que “el gobierno del PP encargaba obras a Codeur que no estaban dentro del objeto del contrato entre la empresa mixta y el Ayuntamiento”. En su opinión, “consideraban a Codeur como un brazo del ayuntamiento en detrimento de la empresa”.
Demanda Civil
Aparte de esta querella contra los consejeros, de la que tendrán que responder a título personal, según Vázquez, la empresa han demandado al Ayuntamiento por la vía Civil, reclamando la cuantía de las obras realizadas fuera de contrato y que puede rondar un millón de euros que, en este caso, tendría que pagar el Ayuntamiento.
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