Una denuncia destapa la lucha entre agricultores por el control del agua

La batalla por el control del agua para el regadío ha comenzado en Berja, un municipio agrícola con más de 1.500 comuneros en su Comunidad de Regantes. Es precisamente la gestión de esta comunidad la que está en el punto de mira, después de que varios de sus integrantes hayan presentado una denuncia ante la Guardia Civil en la que acusan al actual presidente, Antonio Garzón, de haber actuado “en beneficio propio” dejando una deuda que, según afirman, alcanzaría los 200.000 euros.

Tras la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, se esconde una intensa lucha por el control de la Comunidad de Regantes. Presentada por el presidente de la Asociación por el Agua de Berja, Julio Olea, y varios administradores de la Comunidad, la denuncia llega en un momento de máxima escasez hídrica, después de que varios manantiales de la vega de Berja se secasen durante el verano de 2015.

La deuda a la que hacen referencia se habría contraído, según reconoce a este diario el presidente de la comunidad, con dos empresas contratadas para solucionar la carencia de agua mediante la instalación de circuitos cerrados y tuberías, una infraestructura que permite transportar el agua desde zonas de abundancia a otras más secas. 

La suma de la deuda, según cifra Garzón, no alcanzaría los 200.000 euros, sino que se situaría en torno a los 126.850 euros: 117.000 euros que adeudarían a la empresa que colocó las tuberías, y 9.850 a la mercantil a la que alquilaron la maquinaria para ejecutar la obra. Pero el problema es que no hay dinero en las cuentas de la Comunidad, y todo hace prever que el cruce de acusaciones por una presunta malversación acabará en los tribunales para depurar posibles responsabilidades penales.

Denuncia

La denuncia fue registrada el pasado 20 de enero ante la Guardia Civil de Berja. Sus promotores reclaman “la dimisión del presidente”, y tener acceso “al estado de las cuentas” de la Comunidad de Regantes, según explica Olea, que además de presidir la plataforma es regante comunero y ex directivo. “Hay un tremendo descontrol en la distribución y en los precios del agua, pues siguen criterios de amistad a la hora de cobrar un precio u otro”, critica Olea, quien sospecha que la actual cúpula directiva “opera con cuentas bancarias paralelas” a la comunitaria.

Este extremo lo niega su presidente, Antonio Garzón, que responsabiliza del presunto desfalco a los cuatro administradores que firman la denuncia junto a Olea, que fue presidente del tribunal del agua a finales de los años noventa. “Son ellos los que están detrás de la denuncia, amparados por la plataforma de Olea, porque quieren manejar el regadío en toda la vega de Berja”, opina Garzón, que insiste en que no se ha metido “un euro en el bolsillo”, y anuncia una próxima denuncia contra los cuatro administradores.

Pero Olea, cuya plataforma ha reunido unas 160 firmas de apoyo, insiste en que el presidente “impide a los comuneros controlar el agua”, lo que estaría generando “un enfrentamiento social” entre los regantes de la vega. “Hay miembros de la directiva que no pueden acceder a las cuentas de la comunidad; si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no nos las muestra?”, se pregunta.

Garzón asegura que la presentación de las cuentas fue aplazada en diciembre ante la llegada de la Navidad, y avanza una próxima reunión  en unos diez días. El presidente, que sostiene que será entonces cuando presente las cifras económicas, insiste en señalar a los cuatro administradores que firman la denuncia junto a Olea, como los máximos responsables del desajuste presupuestario de la comunidad.