El portavoz del PP dice que la línea eléctrica Vera-Baza "no es prioritaria ahora"

El Pleno de Diputación aprobó ayer un buen número de asuntos, entre ellos, un reglamento para la Prestación de Asistencia en Materia de Igualdad y Contra la Violencia de Género, una iniciativa pionera, que recibió el apoyo de todos los grupos. Y no fue éste el único punto del orden del día que salió adelante por unanimidad en una sesión que, quitando los escarceos verbales entre los portavoces del PP y del PSOE que siempre se producen cuando Galasa aparece en escena, transcurrió con tranquilidad.

Sin embargo, la crispación hizo acto de presencia a raíz de una moción presentada por el Partido Socialista para que la Diputación de Almería inste al Gobierno central a que recupere en sus planes de inversión la línea eléctrica Vera-Baza.
El PP ya había anunciado que se abstendría, por lo que el portavoz socialista animó a la bancada popular a cambiar el signo de su voto y apoyar la moción “porque esto no es una cuestión de financiación -hay una empresa que se ha ofrecido a adelantar el dinero-,  sino de voluntad política”, aseguró Juan Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE.

Lejos de seguir la petición socialista, el vicepresidente de la Diputación y portavoz del PP, Javier Aureliano García, aseguró que lo dicho por Lorenzo era “un auténtico insulto a la provincia de Almería” y reprochó a los socialistas que pidieran al PP lo que ellos nunca han hecho. “No he visto jamás a ningún socialista reclamar a la Junta de Andalucía el materno infantil, la autovía del Almanzora, la variante de Berja, el retorno en forma de inversiones de lo que cobran con el canon del agua, la desaparición de las aulas prefabricadas...” y así un largo etcétera de asuntos pendientes de desarrollar en la provincia por el Gobierno andaluz.

Especular con la eólica y la solar
García insistió en que esas son las cuestiones por las que los socialistas deberían pelear, pero “si lo que quieren es especular con la energía eólica y solar, eso ya es otra cosa”. El portavoz socialista no daba vrédito a lo que acababa de oir y preguntó al vicepresidente si es que estaba llamado especuladores a los empresarios que se dedican a este sector. La respuesta de García, más reproches y acusaciones de incumplimientos al PSOE.

En cuanto a apoyar la moción, el vicepresidente aseguró que la línea de alta tensión que reclaman los socialistas  “no es prioritaria ahora, pero que venga estará bien y por eso no nos oponemos, sino que nos abstenemos”.

Mientras, Lorenzo le recordó que esa misma línea “se planteó en su día como prioritaria por Red Eléctrica Española y por el propio Gobierno”, que es fundamental para el desarrollo de la provincia y que supondrá proyectos por más de 500 millones de euros, sin contar con los puestos de trabajo que se crearán.

Por su parte, García insistía en que “su prioridad en poner aerogeneradores y placas fotovoltaicas  y la prioridad de esta bancada es acabar la autovía del Almanzora y los temas sociales que interesan a la provincia. Ustedes se reúnen con empresarios y nosotros con la sociedad”.

Como en otras ocasiones, el tema lo zanjó el presidente de la Diputación. “Nos vamos a abstener y eso no quiere decir que no queramos que se haga, pero nosotros hablamos de ello donde tenemos que hablar”, comentó  Gabriel Amat.
La abstención del PP en la Diputación se repitió horas más tarde en el Parlamento andaluz, ante una moción similar que sí obtuvo el respaldo del Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida, además del PSOE.

Estatutos y tarifas de Galasa
El Pleno aprobó las nuevas tasas por prestación de servicios relacionados con el ciclo integral del agua que presta la empresa pública Galasa y sus nuevos estatutos. En esta ocasión, el punto contó con el apoyo del PP y de Ciudadanos, mientras que IU se abstuvo y el PSOE votó en contra.

También se dio luz verde a la petición de Antas, Huércal-Overa,Mojácar, Pulpí, Taberno, Albanchez, Fines, Macael y Somontín, para que la prestación del servicio integral del agua sea a través de la Diputación y la delegación en ésta de las competencias para la imposición y ordenación tributaria; es decir, para la fijación de las tarifas.