La crónica de la lucha contra el narcotráfico es, en buena medida, el relato del rastreo de los fondos generados por la droga. Las organizaciones criminales copian la gestión de las grandes empresas. Buscan un nicho de mercado, contactan con un proveedor de confianza, valoran el riesgo del transporte del producto y calculan el saldo de su particular balanza comercial. Y en todo el proceso... la huella inconfundible del movimiento de dinero.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de El Ejido ha abierto diligencias sobre una presunta trama de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el Poniente. La organización habría lavado millones de euros gracias a inversiones realizadas en la comarca entre los ejercicios 2011 y 2016.
Las operaciones financieras están vinculadas fundamentalmente a la adquisición de propiedades inmobiliarias y al cobro de boletos de lotería agraciados con importantes premios. Son métodos frecuentes y complementarios. Gracias a la compra de décimos premiados, los traficantes consiguen aflorar grandes cantidades de dinero negro bloqueado en sus arcas. Y, paralelamente, acuden a las inversiones del mercado inmobiliario combinando los pagos en A y en B, de modo que convierten sus ‘beneficios’ en bienes tangibles y listos para la especulación. Sin embargo, por el camino generan cuentas, sociedades e inversiones voluminosas que no pasan desapercibidas a las autoridades (las nuevas leyes sobre blanqueo de capitales incrementaron el control especialmente desde el año 2010).
La primera operación cuestionada data de principios de julio de 2012. La investigación pone el foco sobre la apertura de una cuenta en una sucursal del Banco Santander ubicada en un centro comercial de Albacete. Una persona presuntamente vinculada a la trama se trasladó hasta la ciudad manchega para cobrar un cupón premiado con un millón de euros. Sin embargo, la gestión encendió las alarmas.
Las entidades financieras están obligadas a informar sobre operaciones sospechosas de fraude. Así pues, el Juzgado de Instrucción número Dos de Albacete abrió diligencias previas para indagar sobre el origen del boleto y topó con una supuesta red de distribución de estupefacientes.
Las pesquisas se cruzaron con un operación abierta en Almería, que finalmente ha asumido el liderazgo de la investigación (el Tribunal Supremo comunicó a principios de febrero la resolución sobre la competencia del Juzgado número Cuatro de El Ejido). No en vano, el grueso de la organización está radicada en el Poniente. El caso apunta “una amplia y compleja operativa de blanqueo de fondos de origen presuntamente delictivo, el narcotráfico, desplegada entre los años 2011 y 2016”.
Sociedades
Las diligencias judiciales de El Ejido se activaron el 19 de abril de 2016. “Integran múltiples operaciones societarias, aperturas de cuentas y adquisiciones inmobiliarias que se desarrollan en la provincia de Almería y concretamente en el partido judicial de El Ejido”.
El juzgado apunta a posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública perpetrados por una organización vinculada al narcotráfico, aunque no han trascendido detalles sobre los investigados. “Toda la trama ha desarrollado prácticamente en su integridad en la provincia de Almería (...) donde tiene su domicilio los presuntos implicados, donde se han aperturado nuevas cuentas bancarias, cobrado otros cupones premiados, adquirido bienes muebles e inmuebles y creado sociedades con dinero de origen ilícito”.
España cuenta con una Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Persigue fundamentalmente las operaciones de origen criminal relacionadas con el narcotráfico y con la financiación del terrorismo. En su última memoria anual (2015), la Comisión anunció la apertura de más de 7.000 procesos contra el lavado de dinero, lo que representó un incremento del 17,5 por ciento respecto al año 2014.
Además, Almería ocupa un lugar muy relevante en este ámbito, como acredita el informe del Ministerio del Interior sobre los decomisos de estupefacientes en el ejercicio 2016. Según este indicador, la provincia es la tercera del país en volumen de sustancias decomisadas con un 13 por ciento del total, esto es, unas 44 toneladas de droga aprehendidas por Guardia Civil, Policía Nacional y Aduanas, y decenas de millones de euros en transacciones en el mercado negro.
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