Al menos nueve pueblos estudian dejar Galasa y cambiar la gestión del agua

Para unos se trata de una ‘huida’ que deja en la estacada a una empresa pública que se ha encargado de gestionar el agua en decenas de pueblos de la provincia. Para otros, una expulsión encubierta de los pueblos que no han aceptado las nuevas tarifas del agua “abusivas” para sus vecinos.

Lo cierto es que en los últimos años la presencia de Galasa (cuyo principal accionista es la Diputación Provincial) ha ido retrocediendo en el Valle del Almanzora. La salida de Cantoria en 2015 por decisión del equipo de Gobierno socialista fue el comienzo de un retroceso que puede acentuarse con el abandono de, al menos, otros siete pueblos de esta comarca que aún no han aprobado las nuevas tarifas en sus respectivos plenos. 

Futuros abandonos
Se trata de Arboleas, Serón, Tíjola, Urrácal, Armuña de Almanzora y Lúcar. Todos ellos gobernados por el PSOE a excepción de la localidad tijoleña, del PP. A los pueblos del Almanzora se les sumarían dos del Levante. Garrucha (PSOE), que ha confirmado su abandono y Carboneras (Gicar), que se encuentra estudiando su situación a falta de aprobar las tarifas. Más seguros se muestran dirigentes de otros pueblos como Arboleas donde, a pesar de haber aprobado las tarifas, su alcalde, Cristóbal García (PSOE), ha anunciado que “en el próximo pleno pediremos la salida de Galasa”. 

La situación en Albox es diferente. Una empresa privada se encarga de la gestión del agua pero las nuevos estatutos de Galasa le obligarían a que fuera esta la encargada de este servicio, lo que abre la puerta a una futura salida del municipio como accionista. En total nueve municipios cuya permanencia está en la cuerda floja.

Todo después de que el lunes se conociera una carta remitida por el consejero delegado de Galasa responsabilizando a los abandonos de la pérdida de “más de dos millones de euros” en ingresos así como la necesidad de “adaptar la empresa y su estructura”. Unas palabras que chocan con lo defendido ayer por el alcalde de Serón y portavoz del PSOE en la Diputación, Juan Antonio Lorenzo. El dirigente socialista señala al equipo de Gobierno de provincial como “único responsable y promotor” de la marcha escalonada del nutrido grupo de pueblos. 

“Nos echan”
Lorenzo ha censurado las manifestaciones del consejero delegado para recordarle que, en el caso de los municipios que cuentan con convenio con la empresa pública, ha sido Diputación “quien ha denunciado dicho convenio, así que, directamente, nos han enseñado la puerta de salida. No nos vamos, nos echan”. 

En esta línea, el Grupo Socialista denuncia que con los nuevos estatutos “que hizo el PP de manera unilateral se nos obligaba a ajustar unas tarifas que no consideramos aplicables” y que los municipios se verían obligados “a comprar acciones de la empresa para que ésta pudiera prestar el servicio”. Condiciones que no han convencido a numerosas localidades para continuar siendo parte de este ente público.

Desde las filas socialistas creen que el equipo de Gobierno del PP “debería ponerse en marcha para evitar más pérdidas y dejar de amenazar a los trabajadores en relación a decisiones que ha tomado la propia Diputación con su mayoría absoluta y que obligan a que los pueblos nos tengamos que salir ante unas tarifas injustas”.  

Carboneras estudia su continuidad
Tras el anuncio de Garrucha (PSOE) anunciando su salida de Galasa, la incertidumbre se centra ahora sobre otro municipio del Levante Almeriense que por el momento sigue sin aprobar las nuevas tarifas en sesión plenaria. Hasta ahora, fuentes del Ayuntamiento de Carboneras se han limitado a confirmar la realización de “una auditoría sobre el estado del servicio” (algo similar a lo sucedido en Garrucha) cuyos resultados les entregarán el jueves. A partir de ahí el Consistorio decidirá si aprueban las tarifas o se salen de Galasa. La relevancia de la continuidad de Carboneras no es baladí ya que se trata de uno de los mayores municipios accionistas de la empresa pública.