La Cala de San Pedro acumula ya 175 denuncias por "acampada ilegal masiva"

En otoño de 2011, la Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar creó un grupo de trabajo para la recuperación de la Cala de San Pedro. Después, en el verano de 2012, todas las administraciones se conjuraron para tomar medidas que pudieran frenar el deterioro de esta emblemática playa del Cabo de Gata. Sin embargo, poco han cambiado las cosas en este rincón del parque natural en estos 15 años, a excepción del número de denuncias interpuestas por el propietario de la finca que no han dejado de aumentar. 

Así, el pasado 14 de agosto, Daniel Navarro ponía la número 175, una denuncia en la que, al igual que en las 174 anteriores, pone de manifiesto ante la Guardia Civil de San José “la situación de acampada ilegal masiva, construcción de habitáculos, hogueras y estacionamiento prohibido en la Cala de San Pedro, propiedad del compareciente, y el incumplimiento de la ley por parte del delegado de Medio Ambiente de Almería”.

La pequeña playa que baña esta cala es muy frecuentada por turistas y almerienses que practican el nudismo y, a lo largo de los años, se ha convertido en lugar de residencia permanente de un grupo de personas que ha ido habilitando construcciones de todo tipo. El problema que denuncia Navarro no es el de las decenas de tiendas de campaña que cada verano ocupan la franja de arena, si no los habitáculos construidos entre la vegetación de la cala, una zona protegida al encontrarse dentro del Parque Natura.

El castillo
Pero la ocupación ilegal de parte de este espacio protegido no es el único problema de esta emblemática ensenada del Cabo de Gata. En la cala existe una fortaleza del siglo XVI, el Castillo de San Pedro, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985 y cuyo deterioro avanza  imparable, mientras que su futuro se dirime en los tribunales. Además de los sucesivos derrumbes de las paredes del torreón, ahora lo que queda de la torre del castillo esta prácticamente sin cimientos y a punto de pivotar y caer ladera abajo, con el riesgo de que acabe encima de la gente. 

Mientras, la Junta de Andalucía y Daniel Navarro mantienen un contencioso sobre a quién y de qué forma corresponde hacerse cargo de la conservación del edificio. Desde que en 2013 Cultura ordenó al propietario ejecutar obras de consolidación, orden que fue recurrida y que, recurso tras recurso, sigue sin que nadie la ejecute.