La salida de Galasa de 5 municipios enreda el Pleno de los Presupuestos

El Pleno de la Diputación de este viernes tenía como objetivo principal aprobar los presupuestos de la Institución para 2018 y, aunque era previsible que pudiera darse un debate encendido, al final, el tono más agresivo y la discusión más agria se durante los puntos del orden del día dedicados a los expedientes abiertos a los cinco municipios que van a abandonar Galasa.

Finalmente, el Pleno aprobó gracias a la mayoría del PP, la salida de Galasa, la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en el Levante y Almanzora, de los municipios de Armuña de Almanzora, Lúcar, Serón, Tíjola y Urrácal. Una salida que será efectiva en febrero de 2018.

Compensar con 5 millones a Galasa
La medida responde a la no aceptación de estos ayuntamientos de la tarifa propuesta por Galasa. Además de abandonar la red, deberán compensar a la entidad por los gastos acometidos en cada uno de ellos para la prestación del servicio, por valor de casi 5 millones.

El enfrentamiento entre los portavoces del PP y del PSOE, Javier Aureliano García y Juan Antonio Lorenzo, respectivamente, estaba servido. Uno y otro repitieron  argumentos y acusaciones, sin apenas cambios en las posturas que vienen defendiendo desde hace casi dos años.

Uso político
Tanto es así, que los diputados de IU y Cs, que se abstuvieron en la votación, lamentaron el uso político que los otros dos partidos hacen del asunto Galasa. 

Tampoco hubo consenso para el presupuesto, que salió adelante con los votos del PP, el rechazo de PSOE e IU y la abstención de Ciudadanos. Las primeras críticas de la oposición se referían al momento en que  se han presentado, apurando hasta el límite la fecha posible. María Jesús Amate, diputada de IU, reprochó que “contando con mayoría absoluta, se ha traído el presupuesto a pleno el último día hábil del año, cuando debería haber estado aquí en octubre o noviembre, lo que conlleva que el día 1 de enero no habrá presupuesto”.

Al límite
En la misma línea se pronunciaron Roberto Baca, diputado de Ciudadanos, y Juan Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE. Por su parte, el vicepresidente de la Diputación y portavoz del PP reconoció que el documento “ha llegado tarde” y que, ciertamente, debería haber estado en noviembre.

Tampoco ha gustado a los partidos de la oposición que el Presupuesto para 2018, que asciende a 203, 5 millones de euros, no haya contado con las aportaciones los otros grupos ni haya habido ninguna negociación sobre sus líneas estratégicas. García señaló que “es un documento vivo que se puede y debe modificar para adaptarnos a las necesidades reales de la provincia”.

“A ver si tiene usted la boquita callada”
En plena discusión sobre lo acertado o no del taller dirigido a mujeres sobre mecánica del automóvil que ofertaba Huércal de Almería y de si tenía un sesgo machista o no, el vicepresidente de la Diputación y portavoz del PP, Javier Aureliano García, mientras respondía a la diputada provincial de IU, María Jesús Amate, mandó callar a la diputada socialista Ángeles Castillo, que intervenía en el debate aunque no estaba en el uso de la palabra. “A ver si tiene usted la boquita callada”, le espetó Javier Aureliano Garcia a la diputada del PSOE. Castillo protestó y el vicepresidente le pidió disculpas por la expresión utilizada. 

Planes Provinciales
En lo que sí se ha alcanzado el consenso ha sido a la hora de aprobar el Programa de Inversiones Municipales de la Diputación Provincial de Almería 2018, más conocido como Planes Provinciales. Enmarcado dentro del Plan Cuatrienial 2016-2019, va a suponer una inversión de 14,6 millones de euros. 

Según la Diputación, una de las principales características de este plan es su defensa de los intereses de los municipios más pequeños, por lo que se fija las dotaciones en función de la población. Asimismo, se mantiene la medida de descontar de la aportación municipal las bajas que se produzcan en los procesos de adjudicación de obras.

Plantilla
La Diputación también ha aprobado en pleno la Reforma de Puestos de Trabajo (RPT) de la casa “atendiendo a las necesidades reales y las limitaciones de la ley”, en la que se han reforzado “las áreas en las que había una mayor saturación de trabajo”, según ha explicado el diputado de Personal y Régimen Interior, José Fernández. 

Tanto PSOE como IU han votado en contra de esta propuesta porque no ha contado con la participación ni el consenso de los sindicatos.