El PSOE denuncia "chantaje" a sus pueblos por Galasa

El PSOE de Almería ha calificado de “chantaje” la “decisión de la Diputación Provincial” de reclamar una indemnización millonaria a los cinco municipios a los que ha expulsado de Galasa (órgano encargado de la gestión del agua) como son Serón, Lúcar, Urrácal, Armuña de Almanzora y Tíjola-, tras la negativa de estos a aceptar las nuevas tarifas “que la Diputación les quiere imponer”.

En concreto, la Administración provincial reclamando a los municipios expulsados indemnizaciones que suman 5 millones de euros por la aplicación de unas tarifas que ahora aduce que eran deficitarias, mientras que al resto de pueblos del Almanzora que continúan en Galasa y que tenían tarifas similares no les pide nada.

Oferta de diálogo  
En una rueda de prensa ofrecida ayer, el portavoz del PSOE en la Diputación y alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, ha asegurado que los municipios socialistas expulsados siguen ofreciendo “diálogo” para desatascar el futuro de la empresa pública que gestiona el abastecimiento de agua en el Levante y el Almanzora, pero no aceptarán “chantajes ni amenazas”. Si bien entre los cinco pueblos también se encuentra uno gobernada por el PP (Tíjola).

“La Diputación está yendo contra cinco municipios, al intentar imponer unas condiciones para la prestación del servicio que no son las que firmamos”, ha señalado Lorenzo, quien ha detallado que estas condiciones serían la aplicación de unas tarifas nuevas y la obligación de comprar acciones de Galasa. “En el caso de Serón, desde ya digo que nosotros no vamos a comprar acciones; yo no lo haría con mi dinero, y tampoco voy a hacerlo con el dinero de mis vecinos”, ha advertido.

En esta línea, el portavoz socialista ha advertido que “en el momento en que nos llegue un requerimiento de deuda, en el caso de Serón de 2,3 millones, y yo vea que al pueblo de al lado no le ha llegado nada, voy a considerar que eso es un delito por parte de la persona que me lo pide y lo voy a poner en conocimiento de la justicia”. “Eso se llama prevaricación”, ha remarcado el también alcalde de Serón antes de reiterar que “no se puede hacer política pidiéndole dinero a un pueblo por una cuestión y no pedírselo a otro por la misma”.