El juez Llarena del procés, ponente en el caso Costurero

El Tribunal Supremo (TS) revisará en audiencia pública la condena a ocho procesados en el caso Costurero por corrupción urbanística en Zurgena, entre ellos el exalcalde de 2003 a 2011, Cándido Trabalón, y el exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras. 

La Sala Segunda ha señalado la vista para el día 5 de marzo, a las diez y media de la mañana y el ponente de la resolución será el magistrado Pablo Llarena, conocido en los últimos meses por instruir en el Tribunal Supremo el proceso abierto tras la declaración de independencia que tuvo lugar en Cataluña en el año 2017.

Recurso de condenados
El caso llegará a sus manos después de que ocho condenados en la macrocausa elevaron recurso de casación ante Supremo contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que impuso al exalcalde penas que suman seis años y medio de prisión, así como 18 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y al exedil de Urbanismo Manuel Tijeras, condenado a dos años y seis meses de cárcel, y 14 de inhabilitación especial. 

Impugnaron el fallo, asimismo, los exconcejales socialistas M.M.R., J.A.R. y J.M.D., condenados a 18 meses de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público de elección popular por delitos continuados de prevaricación urbanística ya que ellos conformaban la comisión de Urbanismo y “conocían la ilegalidad de las licencias”, un conocimiento del que fueron eximidos, sin embargo, al resto de exconcejales, A.L.M., J.S.G., P.S.C. y E.J.P, absueltos.También interpusieron recursos de casación los constructores F.M.B., T.Z.S. y J.M.D.N., a quienes se condenó a penas de 12 meses de cárcel y multa de 15 meses con cuota diaria de 12 euros. 

El tribunal rechazó la petición de los dos últimos para que quedase en suspenso la ejecución de la sentencia. La Audiencia Provincial consideró probado que Trabalón y Tijeras concedieron entre 2003 y 2007 licencias irregulares para la construcción de 1.500 viviendas, lo que implica triplicar la población y la puesta en riesgo de “el uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente” y que lo hicieron a sabiendas de que eran “claramente no ajustadas a la legalidad vigente”.