Javier Pajarón
13:48 • 18 sept. 2011
Padres contra padres. La escolarización de los niños se ha convertido en una pequeña batalla entre familias donde la picaresca de algunos se combate con artillería pesada. Detectives privados y peritos judiciales de investigación trabajan estos días para ‘cazar’ el fraude. Siguen, filman, graban conversaciones y fotografían a familias enteras con el único objetivo de documentar su verdadero domicilio.
El problema no es nuevo, reaparece cada año. Según confirma el delegado provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Maldonado, actualmente se investigan “unas 40 denuncias” por supuestas irregularidades en la adjudicación de una plaza escolar, la mayoría concentrados en “Almería capital, Roquetas de Mar y El Ejido”.
El fraude surge fundamentalmente en la residencia habitual. Algunos padres optan por empadronarse con familiares o amigos para estar más cerca del centro educativo que quieren para sus hijos, de manera que obtienen más puntos en la baremación de las solicitudes y aumentan sus opciones de conseguir una plaza.
“En el momento en el que recibimos una denuncia, pedimos a la Policía Local del municipio que investigue si esta gente vive allí”, dice Francisco Maldonado. “Si no es así, el niño recibe inmediatamente cero puntos”.
La Junta de Andalucía muestra su rechazo a esta práctica, a la vez que reconoce que no existen recursos suficientes para investigar los datos de cada una de las solicitudes de acceso al colegio. Y es ahí donde entran los detectives.
LA VOZ DE ALMERÍA ha tenido acceso a algunos de los expedientes elaborados por un veterano detective privado que opera en Almería capital y que realiza indagaciones de esta naturaleza “desde hace cinco años”. “Me vienen familias individualmente, pero muchas veces acaban asociándose para abaratar costes y por el hecho de que quieren acceder al mismo colegio”, explica. El investigador privado reconoce que el precio oscila según el caso, aunque habla de unos 300 euros por familia investigada (con independencia de si engañan o no).
“He llegado a investigar hasta 80 casos a la vez, 40 procedentes de un mismo centro educativo de la capital”, recuerda. En su despacho tiene un armario lleno de cámaras, micrófonos, uniformes, pelucas y otros complementos; sobre su mesa apila carpetas con referencias a empadronamientos, direcciones, matrículas de coches, horarios de entrada y salida, viajes datados al milímetro... Una o dos carpetas por familia y, eso sí, absoluto silencio sobre sus fuentes. No es un ‘thriller’, es la vuelta al cole.
El problema no es nuevo, reaparece cada año. Según confirma el delegado provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Maldonado, actualmente se investigan “unas 40 denuncias” por supuestas irregularidades en la adjudicación de una plaza escolar, la mayoría concentrados en “Almería capital, Roquetas de Mar y El Ejido”.
El fraude surge fundamentalmente en la residencia habitual. Algunos padres optan por empadronarse con familiares o amigos para estar más cerca del centro educativo que quieren para sus hijos, de manera que obtienen más puntos en la baremación de las solicitudes y aumentan sus opciones de conseguir una plaza.
“En el momento en el que recibimos una denuncia, pedimos a la Policía Local del municipio que investigue si esta gente vive allí”, dice Francisco Maldonado. “Si no es así, el niño recibe inmediatamente cero puntos”.
La Junta de Andalucía muestra su rechazo a esta práctica, a la vez que reconoce que no existen recursos suficientes para investigar los datos de cada una de las solicitudes de acceso al colegio. Y es ahí donde entran los detectives.
LA VOZ DE ALMERÍA ha tenido acceso a algunos de los expedientes elaborados por un veterano detective privado que opera en Almería capital y que realiza indagaciones de esta naturaleza “desde hace cinco años”. “Me vienen familias individualmente, pero muchas veces acaban asociándose para abaratar costes y por el hecho de que quieren acceder al mismo colegio”, explica. El investigador privado reconoce que el precio oscila según el caso, aunque habla de unos 300 euros por familia investigada (con independencia de si engañan o no).
“He llegado a investigar hasta 80 casos a la vez, 40 procedentes de un mismo centro educativo de la capital”, recuerda. En su despacho tiene un armario lleno de cámaras, micrófonos, uniformes, pelucas y otros complementos; sobre su mesa apila carpetas con referencias a empadronamientos, direcciones, matrículas de coches, horarios de entrada y salida, viajes datados al milímetro... Una o dos carpetas por familia y, eso sí, absoluto silencio sobre sus fuentes. No es un ‘thriller’, es la vuelta al cole.
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