Europa Press
21:28 • 06 oct. 2011
Los ayuntamientos de La Mojonera, y de Antas, ambos gobernados por el PP, así como el de Huércal de Almería (PP-Grinp), han denunciado la integridad de sus convenios colectivos ante la autoridad laboral, una medida que también ha efectuado el gobierno de la Diputación Provincial de Almería y la empresa pública de Gestión de Aguas del Levante (Galasa), quienes tratarán de negociar “desde cero” las condiciones de sus empleados.
Estas denuncias, que constituyen “la primera vez” que gobierno locales denuncian convenios, se producen para a la renovación del convenio colectivo con los empleados de las distintas entidades públicas tres meses antes de que finalice el que se mantiene en vigor, por lo que se espera que durante el último trimestre del año pueda darse la misma situación en otros municipios. De momento, las negociaciones afectarán a unos 1.500 empleados.
El secretario de CCOO, Juan Pallarés, ha considerado “bastante desafortunado” el precedente anunciado por la Diputación, por lo que teme una reacción “en cascada” de los ayuntamientos de la provincia con este extremo. “No es un hecho ni bueno ni malo, pero hay que ver los términos de la negociación y las vías”.
Por su parte, el secretario provincial de UGT, José Ginel, señala que la denuncia del convenio colectivo por parte de la patronal, o en este caso, de los equipos de gobierno “no es habitual” y suelen ser las representaciones sindicales quienes denuncian los artículos a renovar en el nuevo convenio o, en algunas situaciones, la totalidad del mismo.
Ginel ha observado además la posibilidad de que esta práctica pueda derivar de “una directriz del PP” dado que las denuncias las producen los ayuntamientos donde gobierna este partido así como en la Diputación. No obstante, se ha mostrado dispuesto a “encontrar un punto de encuentro” con los gobiernos locales siempre que sus propuestas no planteen “mermar las retribuciones, las prestaciones sociales y los derechos” de los empleados públicos.
El dirigente de CCOO reconoce haber abordado brevemente este asunto en una reunión mantenida esta semana con el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, a quien se le trasladó la predisposición de negociar “cualquier aspecto” siempre que no se incluyeran despidos de empleados públicos. El también alcalde de Roquetas le transmitió su intención de denunciar el convenio colectivo del ayuntamiento roquetero, si bien este aspecto no se ha producido hasta el momento.
La primera de las negociaciones tendrá lugar en el Ayuntamiento de La Mojonera el próximo 17 de octubre y afectará a unos 140 empleados del Consistorio, si bien durante el pleno ordinario del pasado día 30 se acordó el despido de tres empleados. El Ayuntamiento de Antas, con unos 60 empleados, también denunció su convenio colectivo el 14 de septiembre mientras que el día 30 el director gerente de Galasa, Juan Ignacio Moya, comunicaba la denuncia del convenio vigente. La plantilla afectada se sitúa en torno al centenar de personas.
Estas denuncias, que constituyen “la primera vez” que gobierno locales denuncian convenios, se producen para a la renovación del convenio colectivo con los empleados de las distintas entidades públicas tres meses antes de que finalice el que se mantiene en vigor, por lo que se espera que durante el último trimestre del año pueda darse la misma situación en otros municipios. De momento, las negociaciones afectarán a unos 1.500 empleados.
El secretario de CCOO, Juan Pallarés, ha considerado “bastante desafortunado” el precedente anunciado por la Diputación, por lo que teme una reacción “en cascada” de los ayuntamientos de la provincia con este extremo. “No es un hecho ni bueno ni malo, pero hay que ver los términos de la negociación y las vías”.
Por su parte, el secretario provincial de UGT, José Ginel, señala que la denuncia del convenio colectivo por parte de la patronal, o en este caso, de los equipos de gobierno “no es habitual” y suelen ser las representaciones sindicales quienes denuncian los artículos a renovar en el nuevo convenio o, en algunas situaciones, la totalidad del mismo.
Ginel ha observado además la posibilidad de que esta práctica pueda derivar de “una directriz del PP” dado que las denuncias las producen los ayuntamientos donde gobierna este partido así como en la Diputación. No obstante, se ha mostrado dispuesto a “encontrar un punto de encuentro” con los gobiernos locales siempre que sus propuestas no planteen “mermar las retribuciones, las prestaciones sociales y los derechos” de los empleados públicos.
El dirigente de CCOO reconoce haber abordado brevemente este asunto en una reunión mantenida esta semana con el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, a quien se le trasladó la predisposición de negociar “cualquier aspecto” siempre que no se incluyeran despidos de empleados públicos. El también alcalde de Roquetas le transmitió su intención de denunciar el convenio colectivo del ayuntamiento roquetero, si bien este aspecto no se ha producido hasta el momento.
La primera de las negociaciones tendrá lugar en el Ayuntamiento de La Mojonera el próximo 17 de octubre y afectará a unos 140 empleados del Consistorio, si bien durante el pleno ordinario del pasado día 30 se acordó el despido de tres empleados. El Ayuntamiento de Antas, con unos 60 empleados, también denunció su convenio colectivo el 14 de septiembre mientras que el día 30 el director gerente de Galasa, Juan Ignacio Moya, comunicaba la denuncia del convenio vigente. La plantilla afectada se sitúa en torno al centenar de personas.
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