La Policía Local solicita masivamente su traslado a otros pueblos de la comarca

La práctica totalidad de la plantilla de la Policía Local de Huércal-Overa ha solicitado en bloque una comisión de servicio ante lo que consideran que es el incumplimiento, por parte de la alcaldesa del municipio, de un acuerdo laboral alcanzado con el anterior Gobierno del PP, según el cual se había decidido aumentar el sueldo del cuerpo de seguridad huercalense. 

Según ha denunciado el sindicato CSIF, los policías locales del municipio cobran una media de “entre 400 y 500 euros” menos que las policías de los municipios colindantes.

Por este motivo, 19 agentes del municipio han solicitado su traslado a otros pueblos de la comarca, así como la aprobación de una nueva Relación de Puestos Laborales (RPT), medida que, según CSIF, también fue negociada y con el  equipo de Gobierno de la anterior legislatura.

Es precisamente este el motivo que esgrimen desde el Ayuntamiento, presidido por Francisca Fernández, para justificar su proceder, ya que según afirman “fue el anterior equipo de Gobierno quien acordó con la Policía Local un aumento de las retribuciones sin pasar por la mesa de negociación y sin los informes técnicos preceptivos”.

Asimismo, sostienen que el equipo de Gobierno “se ciñe al cumplimiento estricto del convenio colectivo”, que afecta tanto a la plantilla de la Policía Local como al resto de trabajadores del Ayuntamiento y van más allá, afirmando que las retribuciones pactadas a las que hace referencia el CSIF en su comunicado están “acordadas al margen de la negociación colectiva, que es el marco legal previo a cualquier modificación de las retribuciones de los empleados públicos”.

Sin embargo, según afirman fuentes municipales, desde el Ayuntamiento han manifestado su voluntad de encontrar un acuerdo que satisfaga “dentro del marco legal” las reivindicaciones del colectivo de trabajadores.

 El CSIF, haciendo suyas las demandas de la Policía Local, tilda las alegaciones de ilegalidad del acuerdo vertidas por el Ayuntamiento de “excusas” para no responder a las demandas del colectivo, acusando al equipo de gobierno de “bloquear de forma unilateral el conflicto laboral”

Como solución a lo que consideran un “trato discriminatorio” del colectivo,  CSIF ha exigido una “negociación urgente” que garantice la “equidad laboral” de los agentes de la plantilla y “desbloquee la paralización de la RPT”