Cada menor marroquí acogido supone a la Junta un gasto de 2.500 euros al mes

La Junta de Andalucía pone precio al daño que la acogida de menores enviados por familias acomodadas de Marruecos hace el sistema público de protección. Mantener a un joven desamparado, de unos 16 o 17 años de edad, en cualquiera de los tres centros para inmigrantes no acompañados que existen en la provincia de Almería cuesta a la Junta unos 2.500 euros al mes, según expone la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
El gasto incluye la manutención más básica como la alimentación, el alojamiento, la ropa y el material necesario para las clases (generalmente complementadas con talleres de formación profesional). Además, en el cómputo de los recursos públicos destinados a esta misión, la Junta contabiliza también las nóminas de los cuidadores, educadores, psicólogos y asistentes sociales, el mantenimiento de las sedes y otros desembolsos comunes como el llamado "dinero de bolsillo" de los muchachos.
Igualdad y Bienestar Social planificó para el año 2011 una inversión presupuestaria para toda Andalucía de 168 millones de euros en el área de Infancia y Familias y otros 58,5 millones de euros al concierto de más de 2.300 plazas de acogimiento residencial. Según datos de la propia Junta, 80 millones van directamente a la labor de los centros de menores.
La Administración hace sus cuentas y, de paso, presión. La consejera del ramo, Micaela Navarro, anuncia que llevará a los tribunales a las familias con recursos (notarios, funcionarios de la administración marroquí, ingenieros) que mandan a sus hijos a Andalucía para que la Junta les proporcione educación (mantienen contactos teléfonos frecuentes y, en algunos casos, les envían dinero). Algo así como una beca en el extranjero.
Hasta el momento, Igualdad y Bienestar Social ha detectado y “documentado” seis casos de “fraude”. “No es justo que tengamos que destinar los mismos recursos que a otros jóvenes que sí lo necesitan, porque este es un desamparo buscado”, asevera Navarro. La intención es solicitar una intervención judicial que busque a las familias en Marruecos y las obligue a quedarse con los niños o bien sufraguen los gastos correspondientes a su manutención, es decir, los mencionados 2.500 euros mensuales.