El Centro de Prevención de Riesgos Laborales envió a la Fiscalía 21 expedientes

De manera oficial, entre enero y septiembre se han producido ocho accidentes laborales con víctimas mortales en la provincia, uno más que en el mismo periodo de 2010. Según los sindicatos, sin embargo, esta cifra ascendería hasta trece ya que para la Consejería de Empleo no se contabilizan los accidentes laborales ocurridos a trabajadores sin contrato ni a los autónomos.

Más allá de las víctimas mortales, durante los primeros nueve meses de este año, se ha reducido en un 13,5% el número de accidentes con baja respecto a 2010, con un total de 5.355, mientras que los 6.135 de carácter leve, suponen un descenso internanual del 13%. La siniestralidad, además, se ha visto reducida en todos los sectores, sobre todo, en construcción e industria donde el descenso de los accidentes ha sido del 30,1% y el 25,5%, respectivamente. En el sector servicios, esta bajada ha sido del 8,7% mientras que en agricultura y pesca, ronda el 2%.

Esta bajada, en parte, se debe al trabajo realizado por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales que, entre enero y septiembre de este año, ha llevado a cabo 755 visitas a empresas y ha enviado 21 expedientes de siniestros con indicios de delito a la Fiscalía, tres de ellos con víctimas mortales. De éstos, la Fiscalía ha abierto diligencias para seis casos.

Por otro lado, estas visitas, explican desde la delegación de Empleo, han supuesto que cerca de 300 empresas hayan subsanado sus deficiencias. Para la delegada de Empleo, Francisca Pérez Laborda, que participaba ayer en la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, esta cifras suponen un avance en esta materia aunque aún se debe seguir trabajando, sobre todo, a través de los sindicatos y los delegados de los trabajadores ya que “deben ser ellos quienes denuncien las irregularidades porque la Administración no puede tener un inspector y un subinspector en cada empresa”.

Un mensaje que a transmitido en dicho encuentro al que asistían representantes de CCOO, UGT, Asempal-CEA, Inspección de Trabajo y de las delegaciones de Salud e Innovación, Ciencia y Empresa. Sin embargo, para UGT los datos de estos meses no se pueden valorar de forma positiva. Además, consideran que debería haber más implicación institucional en esta materia.

Según Pérez Laborda, “la situación de crisis que tenemos puede provocar que las empresas se relajen en materia de protección”. El ejemplo, explica, que se debería seguir es el del sector de la construcción para el que existe una normativa que se cumple de manera escrupulosa.

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