1.200 controles para evitar vertidos a las aguas interiores y al mar en 2020

El plan de inspección de vertidos aprobado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para el año 2020 establece la realización de casi 1.200 actuaciones de control en Andalucía, de las que 686 se refieren a la vigilancia del dominio público hidráulico intracomunitario y 496 se centran en el análisis de vertidos al dominio público marítimo-terrestre. La ejecución de estas acciones se llevará a cabo a través de las delegaciones territoriales de este departamento con la colaboración de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya).

Aunque no se han presentado datos desglosados por provincuas, si nos remitimos a los últimos publicados por la Junta, correspondientes al año 2018, en la provincia de Almería se realizaron 105 inspecciones relativas a vertidos. En ese mismo año, hubo 102  denunciados, entre personas físicas (65 denuncias) y jurídicas (37). Como curiosidad, de las primeras, 41 denuncias correspondieron a hombres y 24 a mujeres.

En cuanto a la causa de la denuncia, de las inspecciones realizadas a lo largo de 2018, se levantaron siete actas por residuos tóxicos y peligrosos; dos por vertidos en explotaciones agrícolas, siendo las más numerosas las denuncias por residuos sólidos urbanos, que provocaron un total de 77 actas.

El plan de inspección de vertidos aprobado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para el año 2020, parte de la base de que están prohibidos todos los vertidos susceptibles de contaminar las aguas, cualquiera que sea su naturaleza y estado físico, que se realicen tanto de forma directa como indirecta a cualquier bien del dominio público hidráulico.

A esta limitación se suma que, para poder realizar vertidos desde tierra al dominio público marítimo-terrestre, es indispensable contar con la correspondiente autorización administrativa.

Las actuaciones que realiza la Consejería pueden clasificarse como rutinarias (aquellas incluidas en la programación) o puntuales, respondiendo con estas últimas a las posibles denuncias o al necesario control previo para la autorización de un vertido.

La frecuencia de las inspecciones se basa en criterios como la adecuación de las instalaciones de tratamiento de los vertidos, la detección de incumplimientos anteriores, la población atendida o la concentración de industrias, con especial atención a aquellas con mayor peligrosidad por la toxicidad potencial o el volumen de sus vertidos.

También ha tenido en cuenta la ubicación de las instalaciones, haciendo un especial hincapié en aquellas cercanas a poblaciones, a espacios naturales o a especies en peligro, y en las industrias que afectarían a un mayor número de ciudadanos en caso de producirse un vertido.

La apuesta por la protección del entorno natural se plasma en la declaración del control de la calidad del medio hídrico como uno de los servicios esenciales que debían continuar prestándose, a pesar de la adopción del estado de alarma en el territorio español para luchar contra la propagación del Covid-19.