UGT pide mantener el CIMI de Purchena con “reestructuración” del centro de Oria

La secretaria provincial de UGT en Almería, Carmen Vidal, ha pedido este miércoles a la Junta de Andalucía que mantenga operativo el centro de internamiento de menores infractores (CIMI) de Purchena, cuyo cierre está previsto para finales de este año al no renovarse el convenio, a fin de que sirva para "reestructurar" el centro de menores de Oria, que "acoge a más de cien" menores.

"No entendemos que se cierre un centro cuando sigue habiendo menores que necesitan de esa acogida y en Almería puede darse", ha indicado Vidal en una rueda de prensa, en la que ha reconocido que la clausura de esta instalaciones van aparejadas a la apertura de un nuevo centro en la provincia de Granada, para lo que el Gobierno andaluz ha licitado por 12 millones de euros y un periodo de duración de cuatro años las mismas 32 plazas que en Purchena.

Para la representante sindical, el cierre del centro de menores de Purchena podría suponer la pérdida de trabajo de unos 50 empleados que pertenecen a la entidad gestora Ginso, que opera en dicho centro. "No podrían acceder a las plazas de otros centros porque es una empresa privada la concesionaria", ha apuntado la dirigente de UGT en Almería, quien ha reclamado que se mantengan abiertas las instalaciones.

Así, ha apuntado en la idoneidad de las instalaciones, en las que los menores "tienen acceso a la reinserción social y laboral" a través de la Escuela del Mármol de Fines, lo que supone una oportunidad para estos jóvenes, según ha observado.

"Problema de distribución"

Fuentes del Gobierno andaluz han explicado que el cierre del CIMI de Purchena se corresponde con la no renovación del contrato, sujeto a prórroga y que expira el próximo 31 de diciembre, para el mantenimiento de 32 plazas para varones que se reubicarán en otro nuevo centro de Granada como parte de la estrategia diseñada por el Gobierno andaluz para atajar un "problema de distribución" de unidades en Andalucía, que aleja especialmente a los menores infractores de Granada y Málaga de sus hogares.

Desde la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía han incidido en que la redistribución de plazas tiene como objetivo que la asignación de un centro a un menor infractor tenga entre sus criterios el de "proximidad a su residencia", siempre que la autoridad judicial no disponga lo contrario.

En esta línea, han detallado que algunas provincias como Almería o Cádiz se encuentra "sobredotadas", al contar con 228 y 196 plazas de internamiento en centros, respectivamente, frente a otras provincias como Granada o Málaga, que ostentan 14 plazas y 15 plazas, en su caso; toda vez que los órganos judiciales de estas dos últimas circunscripciones son los que más medidas de internamiento de menores decretan.

En concreto, según los datos facilitados por el Ejecutivo andaluz correspondientes a 2019, en Málaga se dictaron 247 medidas de internamiento de menores, lo que supone el 26,91 por ciento de las 1.606 del total andaluz, mientras que en Granada se dictaron otras 163 (17,76 por ciento). Por el contrario, Almería se encuentra entre las provincias en las que menos medidas de este tipo se acordaron, un total de 77, es decir, el 8,39 por ciento del total regional.

Mientras que la totalidad de los menores infractores internos de Almería cumplen la medida en su provincia al igual que el 98,1 por ciento de los pertenecientes a Cádiz, solo el 14,75 por ciento de los menores asentados en Granada son conducidos a centros de su provincia, a pesar de tratarse de una recomendación que se efectúa tanto en el marco de la reeducación como para facilitar el contacto con los familiares, entre otras cuestiones.

Junto a estas consideraciones, desde el Gobierno andaluz han incidido además que el CIMI de Purchena es un centro "finalista" en el que los menores cumplen la última etapa de su medida, lo que "pueden hacer en el resto de centros". De otro lado, la Junta ha recordado que la contratación de la plantilla asignada a los centros corresponde a la entidad gestora adjudicataria de los contratos.