El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huércal-Overa (Almería) ha ordenado la libertad con obligación de comparecer cada 15 días para el conductor del vehículo arrestado el pasado domingo tras haber dado positivo al test de estupefacientes por su implicación en el accidente de tráfico que tuvo lugar en el término municipal de Cantoria (Almería) y que costó la vida a dos jóvenes de 16 y 17 años.
El investigado, que pasó a disposición judicial el pasado lunes, tendrá que comparecer ante el decanato los días 1 y 15 de cada mes o el siguiente hábil, en su caso, así como ante el juzgado instructor cada vez que se le llame, toda vez que se le ha retirado el carné de conducir y se le ha advertido para que se abstenga de conducir vehículos a motor, según consta en el auto de medidas cautelares.
El titular del juzgado ha apuntado que existen "fuertes indicios" de que el investigado conducía bajo los efectos de "drogas tóxicas, concretamente cocaína y THC" (marihuana), según se desprende del test realizado por los agentes de la Guardia Civil que intervinieron así como de los síntomas de "intoxicación" reflejados en el acta del atestado.
Los indicios denotados bastan para deducir que el investigado identificado como P.A.C.O. "conducía afectado por estas sustancia" a pesar de tratarse de una "conducción expresamente prohibida y manifiestamente imprudente", incide el juez.
Dicha conducta habría dado lugar al siniestro en el que murieron los dos menores que circulaban en una moto en sentido contrario sobre las 1,40 horas en el kilómetro 54,1 de la carretera A-1100 después de que, según la investigación preliminar efectuada por la Guardia Civil de Tráfico, el coche invadiera el carril contrario y colisionara frontalmente con los menores, vecinos de Albox.
"El investigado podría haber incurrido en dos delitos de homicidio imprudente grave calificado con penas de uno a cuatro años de prisión", expone el juez, que considera "idónea" la medida cautelar adoptada para evitar la "reiteración de conductas de la gravedad de las presuntamente incurridas", toda vez que guardan "óptima proporcionalidad" con los derechos del investigado y el fin que se pretende, que es que no se repitan hechos similares.
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