La justicia ha ordenado al exalcalde andalucista de Zurgena, Cándido Trabalón (PA), a demoler y costear el derribo de cinco estructuras de su propiedad, destinadas presuntamente a la construcción de viviendas ilegales.
Se trata del principio de edificación de cinco inmuebles valorados en 180.000 euros y que fueron destinados por parte de una empresa a Trabalón como un "obsequio" por parte de una empresa "en atención al cargo que ostentaba", según recogía un fallo judicial, por lo que fue condenado por cohecho impropio.
La Audiencia Provincial de Almería ha decretado la demolición de las supuestas viviendas por cuya construcción en suelo no urbanizable fue condenado en 2019 el exalcalde de Zurgena, Cándido Trabalón, quien según el fallo del la corte provincial, emitido el pasado 29 de octubre, deberá además asumir los costes de la demolición de estas construcciones.
Se trata de cinco estructuras construidas en una finca de 2.711 metros cuadrados situada en el paraje de Los Menchones, cuya demolición deberá emprender Trabalón "en el plazo de dos meses, siguiente al requerimiento, bajo apercibimiento de que caso de no efectuarlo, se procederá a la demolición a su costa", según especifica el auto, al que ha tenido acceso LA VOZ.
Estas supuesta viviendas, fruto de lo que la justicia entendió en su día como especulación urbanística en suelo no apto para este fin, fueron decomisadas en la sentencia emitida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el año pasado y, ahora, la Audiencia Provincial entiende que se debe proceder a su demolición por no ser susceptibles de subasta pública.
"Siendo las edificaciones decomisadas no susceptibles de realización mediante subasta publica, por encontrarse en suelo rústico de uso agrario, visto el estado de las mismas, procédase a su demolición", reza la sentencia.
Cándido Trabalón ingresó en la prisión de El Acebuche, en Almería, el pasado 12 de febrero tras ser encontrado culpable de corrupción urbanística. En concreto, el ex dirigente del Partido Andalucista (PA) se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y cuatro meses de prisión por un delito continuado de prevaricación urbanística, un delito de falsedad en documento oficial, un delito contra la ordenación del territorio y un delito de cohecho impropio.
La investigación explotó en abril de 2008, cuando la Policía Judicial de la Guardia Civil irrumpió en el Ayuntamiento y registró las oficinas de empresas del sector urbanístico. En el transcurso de la investigación del caso “costurero” el tribunal consideró a Trabalón y a otras 15 personas responsables de un sistema para la concesión de licencias en suelo rústico no urbanizable.
Las políticas de Trabalón han pasado facturas además al municipio de Zurgena y al bolsillo de todos los zurgeneros, ya que meses atrás la justicia llegó incluso a ordenar el embargo de las cuentas municipales para indemnizar a compradores de casas ilegales levantadas durante la etapa del exregidor andalucista.
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