La Fiscalía pide 3 años y medio de prisión para los policías de Vícar

La Fiscalía solicita penas de tres años y seis meses de prisión para los dos policías locales de Vícar acusados presuntamente de participar en una organización criminal para el cultivo de marihuana a gran escala en Roquetas de Mar.

El escrito de acusación exonera específicamente a los agentes T. y M. de la instalación y cuidado de las plantaciones, pero afirma que eran “conocedores y consentidores de la actividad ilícita”.

Los policías locales fueron arrestados a principios de octubre de 2019 en el marco de la denominada Operación Teflón. La Guardia Civil investigaba las presuntas conexiones a tres bandas entre un potente empresario del sector inmobiliario, un supuesto traficante de la zona y los agentes municipales.

La Fiscalía recoge la versión ofrecida por la Policía Judicial, adelantada por LA VOZ, que considera a los agentes como responsables del cobro del alquiler de inmuebles dedicados al cultivo de cannabis, especialmente en Las 200 Viviendas de Roquetas.

Los agentes siempre han negado su implicación en cualquier actividad vinculada al cultivo y circunscriben sus responsabilidades al cobro de un arrendamiento, por el que se llevaban un porcentaje que la acusación cifra en un 10 por ciento. Es decir, aseguran que solo cobraban el alquiler y nada más.

Sin embargo, la acusación fiscal solicita dos años de cárcel por un delito contra la salud pública y un año y medio por un delito de pertenencia a organización criminal. No se trata de una condena, sino simplemente de la acusación de la que tendrán que defenderse en el futuro juicio.

Roles

El principal acusado es J. A., al que la Guardia Civil primero y la Fiscalía ahora señalan como “el jefe del grupo, persona propietaria de las plantaciones y con mayor poder de decisión”. 

Además, dice el Ministerio Público que era “el encargado de localizar las viviendas donde se instalarían las plantaciones de marihuana, tenía el control de las mismas y la coordinación con terceros”. Solicita para el acusado cinco años y medio de prisión.

J. C. era el propietario de las viviendas (los registros se realizaron en 12 inmuebles, tres de ellos residencia de acusados). La Fiscalía solicita para el empresario tres años y medio de prisión. “Conocía el destino final que se le darían a las viviendas a su alquiler”.

Como los pisos estaban en zonas marginales, los promotores acudieron presuntamente a los servicios de dos policías locales de Vícar para cobrar las rentas.  La Guardia Civil dio a M. el papel de “líder” del grupo, aunque la Fiscalía baja el tono. “Los acusados situados en este segundo nivel, si bien no eran partícipes de la instalación, mantenimiento, recolección y venta de las plantaciones de marihuana, sí eran conocedores y consentidores”, expone.

Para ello, cuenta el fiscal con las imágenes captadas por la Guardia Civil de M. y T. entrando en los edificios de Las 200 Viviendas y las escuchas telefónicas donde se habla de los cobros. 

Como alternativa a las penas más duras, la Fiscalía ofrece en su escrito provisional una condena mucho más beneficiosa para los policías locales, que dejaría los hechos en una inhabilitación de un año por solo una omisión del deber de perseguir delitos.