El exalcalde de Cantoria acepta ocho años y medio de inhabilitación

El exalcalde de Cantoria (Almería) Gaspar Masegosa ha aceptado este miércoles una pena de ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa continuada tras haber reconocido que ordenó el pago de facturas con dinero del Ayuntamiento pese a los reparos del secretario municipal, que adjudicó obras sin un expediente previo y que contrató personal vulnerando la ley de presupuestos y de función pública.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el exregidor, quien se mantuvo como alcalde de Cantoria con el PP entre junio de 2013 y junio de 2015 tras el cese de su antecesor Pedro Llamas por condena judicial, ha reconocido como ciertas las acusaciones de la Fiscalía, que ha rebajado su petición inicial de diez años de inhabilitación tras su aceptación.

El exedil ya fue condenado por el juzgado de lo Penal número 1 de Almería junto con el exalcalde a ocho años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación urbanística.

Así, se ha dado por demostrado que el alcalde ordenó apenas cuatro meses después de ocupar la Alcaldía el pago de facturas por un importe 94.395,96 euros en total a pesar de ser advertido por el secretario-interventor de la inexistencia de crédito y base legal para ejecutar los pagos.

Así, en un primer lugar ordenó el pago de 23.366,54 euros a proveedores a pesar de contar con una nota de reparo del interventor ante la "inexistencia de crédito adecuado y suficiente" ya que, en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, había que priorizar el pago de deuda del Consistorio.

Asimismo, el interventor avisó de una posible infracción de la prelación de pagos, que priorizaban en gasto en personal, Seguridad Social e IRFP, así como de la falta de "soporte documental" que justificara el trabajo o servicio recepcionado por el Ayuntamiento.

Pese a todo ello, el acusado actuó "de modo arbitrario y sin ningún tipo de justificación legal, económica o de procedimiento" así como sin "poner objeciones" ante la junta de gobierno; un comportamiento que se repitió los días 10 y 25 de octubre para el pago de otras facturas por valor importe de 42.348,06 y 28.681,36 euros.

Figura además el pago entre mayo de 2013 y mayo de 2015 de la adjudicación "de forma directa, sin seguir procedimiento administrativo alguno" varias obras a varias empresas por importe de 338.550 euros, algunas de las cuales habría fraccionado el importe recibido en "cuantías menores" para "eludir la preceptiva tramitación de convocatoria de concurso público para obras y servicios".

La Fiscalía incidía especialmente en la empresa Ballenemar Multiconstrucciones, la cual en el periodo de dos años de mandato del alcalde realizó trabajos de obras en Cantoria por "adjudicación directa" del acusado, llegando a presentar facturas por valor de 246.955,09 euros, de modo que el primer edil hizo "prevalecer de este modo su propia voluntad sobre los intereses generales del ente local y los particulares de posibles interesados".

La acusación también señalaba la contratación de personal por parte del alcalde haciendo "caso omiso" a las advertencias de la intervención mediante la prolongación del contrato de una agente local de promoción de empleo (ALPE), cuyo contrato había sido suprimido por la Junta en 2012, y de un monitor deportivo de baloncesto a tiempo completo.