Marta Rubí
21:16 • 04 feb. 2012
La primera ‘cumbre’ convocada por el Ayuntamiento de Carboneras para abordar el futuro del hotel Algarrobico - “un problema por solucionar”, según los asistentes- se saldó ayer con tres compromisos en firme. El más novedoso fue el de la empresa constructora, Azata del Sol, que aceptó “trabajar para que el proyecto se integre en el medio y se establezcan estrategias que lo hagan los más sostenible posible”.
El representante de la empresa, José Rodríguez, no especificó cuáles serían esas estrategias “que no están aún definidas” pero sí reiteró que todo el proceso del proyecto se hizo conforme a la ley. También quiso insistir en que Azataha acatado lo dictado por los jueces en todo momento, en referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía conocida un día antes de la ‘cumbre’ en la que se daba diez días para restablecer la zona como “no urbanizable”. Según Rodríguez, “cuando se aprobó el Plan de Ordenación del Parque, en 1994, se subrayó que los suelos que figuraban como urbanizables lo seguirían siendo. El problema vino porque, al enumerarlos, no se incluyó éste; algo que fue subsanado posteriormente. Cuando la empresa compró los terrenos, la Junta de Andalucía ratificó que se trataba de un terreno urbanizable”.
El cumplimiento de las sentencias y leyes ha hecho incluso, recordó el representante, que la obra lleve totalmente abandonada desde 2006, a pesar de que grupos ecologistas han dado varias veces la voz de alarma de que se continuaba construyendo. Ese estado de abandono fue conocido por los asistentes tras la reunión en una visita al interior del edificio en la que pudieron conocer una habitación piloto, amueblada incluso con la ropa de cama. En el momento en el que la obra fue paralizada, al hotel le faltaba culminar las zonas comunes, entradas y salones. Por ello, el alcalde de la localidad, Salvador Hernández, habló del enorme coste que supondría demoler la construcción, una demolición para la que ya existe un protocolo firmado entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente. La reciente sentencia supondría un punto más a favor de su derribo, aunque el primer edil carbonero dijo ayer estar “esperanzado y muy optimista” al insistir en que “todos los concejales del Ayuntamiento, los representantes empresariales y del comercio local e incluso el Proder del Levante son favorables a que se finalice la obra”. El argumento que se volvió a esgrimir ayer fue la riqueza que generaría “con 107 puestos de trabajo directos comprometidos para la gente de la comarca”.
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El representante de la empresa, José Rodríguez, no especificó cuáles serían esas estrategias “que no están aún definidas” pero sí reiteró que todo el proceso del proyecto se hizo conforme a la ley. También quiso insistir en que Azataha acatado lo dictado por los jueces en todo momento, en referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía conocida un día antes de la ‘cumbre’ en la que se daba diez días para restablecer la zona como “no urbanizable”. Según Rodríguez, “cuando se aprobó el Plan de Ordenación del Parque, en 1994, se subrayó que los suelos que figuraban como urbanizables lo seguirían siendo. El problema vino porque, al enumerarlos, no se incluyó éste; algo que fue subsanado posteriormente. Cuando la empresa compró los terrenos, la Junta de Andalucía ratificó que se trataba de un terreno urbanizable”.
El cumplimiento de las sentencias y leyes ha hecho incluso, recordó el representante, que la obra lleve totalmente abandonada desde 2006, a pesar de que grupos ecologistas han dado varias veces la voz de alarma de que se continuaba construyendo. Ese estado de abandono fue conocido por los asistentes tras la reunión en una visita al interior del edificio en la que pudieron conocer una habitación piloto, amueblada incluso con la ropa de cama. En el momento en el que la obra fue paralizada, al hotel le faltaba culminar las zonas comunes, entradas y salones. Por ello, el alcalde de la localidad, Salvador Hernández, habló del enorme coste que supondría demoler la construcción, una demolición para la que ya existe un protocolo firmado entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente. La reciente sentencia supondría un punto más a favor de su derribo, aunque el primer edil carbonero dijo ayer estar “esperanzado y muy optimista” al insistir en que “todos los concejales del Ayuntamiento, los representantes empresariales y del comercio local e incluso el Proder del Levante son favorables a que se finalice la obra”. El argumento que se volvió a esgrimir ayer fue la riqueza que generaría “con 107 puestos de trabajo directos comprometidos para la gente de la comarca”.
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