Huércal tendrá que pagar casi un millón de euros en indemnizaciones

El Ayuntamiento de Huércal de Almería tendrá que pagar casi un millón de euros en indemnizaciones por sendas negligencias cometidas bajo gobiernos del PSOE en el municipio, tanto en la legislatura 1983-1987, con José Martínez Moreno como alcalde, como durante la moción de censura (2018-2019) que elevó a la alcaldía a Ángeles Castillo.

Una de estas multas se eleva a casi 400.000 euros, debido a los errores cometidos por el gobierno de la socialista Ángeles Castillo a la hora de contratar a personal de los planes de empleo Joven y 30+ lanzados de la Junta de Andalucía, gobernada también entonces por el PSOE.

Antes de la moción de censura, con Ismael Torres en la alcaldía, el Ayuntamiento solicitó una subvención a la Junta de Andalucía para incorporar a trabajadores mediante estos planes de empleo, que fue concedida, determinándose las contrataciones y puestos necesarios. Sin embargo, estas contrataciones se acometieron ya durante el gobierno de Castillo, otorgando al personal contratado funciones habituales y estructurales que no se correspondían con las que debían realizar.

Durante las ediciones anteriores de esos planes de empleo, bajo la alcaldía de Ismael Torres, no se produjo ninguna irregularidad que provocara demanda ni indemnización alguna, algo que sí ocurrió en los meses de gobierno socialista y que es por lo que ahora el consistorio debe afrontar el pago de esta sanción.

La otra gran indemnización a la que tiene que hacer frente ahora el Ayuntamiento de Huércal de Almería se corresponde con una sentencia por la ocupación de unos terrenos para la construcción de un parque municipal y la licencia concedida para la puesta en marcha de un quiosco de hostelería, hecho que se remonta a los primeros años 80.

La sentencia confirma que el consistorio, gobernado por el PSOE cuando ocurrieron los hechos, ocupó una parcela en algún momento posterior a 1984 y construyó un parque municipal, el conocido como Parque de la Juventud, sin autorización ni permiso, otorgando además una licencia para el Quiosco La Barraquilla en 1986. Durante años, los propietarios estuvieron reclamando y presentaron una demanda que ahora, años después, condena al Ayuntamiento a pagar más de 380.000 euros por la ocupación de esta parcela. El alcalde socialista de la época, José Martínez Moreno, explicó en el juzgado que el dueño de la finca le había dado un permiso verbal para su ocupación en una fecha determinada, un testimonio que quedó desmontado por la acusación ya que esta aportó las pruebas pertinentes que indicaban que en la fecha comentada el propietario había fallecido.