“Es estremecedor que se rechace a otros seres humanos por su raza o su color”

La Asociación Almería Acoge, posiblemente la más veterana en la búsqueda de justicia social para los inmigrantes, hizo público ayer  su informe “Asentamientos 2022; consecuencias de la discriminación en los asentamientos de la Comarca de Níjar”. Un trabajo basado en las encuestas realizadas a más de 700 inmigrantes que residen en este tipo de poblados chabolistas”.

Pero más allá de los datos de esta encuesta, son importantes las conclusiones que se extraen del trabajo realizado porque muestran una realidad a la que es preciso hacer frente. El presidente de la asociación, Juan Miralles, considera que se ha perdido mucho tiempo y que “si hace 25 o 30 años nos hubiéramos tomado en serio este fenómeno de la inmigración no estaríamos hoy lamentándonos de esta situación”.

Inversión ‘justa’
Hay una cuestión que llena de intenciones a las organizaciones que trabajan con los inmigrantes y comparten con ellos el drama diario de los asentamientos, y es la necesidad de inversión en cuestiones como la vivienda, la defensa de los derechos o la integración de un colectivo tan amplio y tan lejos de lo que se podría calificar como justicia social.

El estudio realizado apunta que en la provincia hay 59 asentamientos localizados y definidos. De ellos 44 están en la comarca de Níjar, 9 en El Ejido, 4 en La Mojonera y dos en Almería.

En abril del pasado año residían en ellos más de 3.500 personas (3.038 hombres 499 mujeres y 83 menores de edad). Contra la creencia general, la inmensa mayoría de ellos llevan más de un año residiendo en Almería y más del 15 por ciento superan los diez años de estancia ininterrumpida..

Chabolas
Diez de los asentamientos que se ubican en Níjar tienen además más de veinte años de antigüedad y, en condiciones normales, podrían ser considerados como barrios consolidados, “aunque carecen de los servicios mínimos para poder vivir con dignidad”, indica Ángel Madero, coordinador del informe.

Pero el problema de los asentamientos va más allá de los límites de este tipo de poblados. De las respuestas de los inmigrantes encuestados se desprende que más del 90 por ciento afirman tener “máxima dificultad” para encontrar un alojamiento en la comarca.

El informe incluye algunos testimonios desgarradores como el de un hombre de Mali de 31 años que dice que “aquí sólo nos quieren para trabajar, sin poder quejarnos y sin derechos; somos como animales para ellos y para conseguir papeles todo vale dinero...”

Los problemas que aquejan a estos miles de personas pasan por la dificultad para acceder a una vivienda (por precio o por la negativa a alquilárselas), las inherentes a obtener derechos como el de empadronamiento (que las administraciones les ‘racanean’ a pesar de ser un derecho consolidado), el incumplimiento de los derechos laborales y, por supuesto, el rechazo que sufren por parte de amplias capas de la población local.

Convivencia
Almería Acoge habla de la imperiosa necesidad de avanzar, dar el paso desde la actual coexistencia hacia una convivencia real entre los autóctonos y los que llegaron para trabajar y buscar en Almería un futuro que, desde varias instancias sociales, se les está negando.

No se puede olvidar que Almería es pionera al ser la primera provincia española en experimentar el fenómeno migratorio. Preocupa que ‘algunas formaciones’ políticas hagan bandera de ese rechazo que enturbia la vida de tantos miles de inmigrantes. Para Almería Acoge las soluciones deben llegar desde lo más básico (derecho al agua, la electricidad o la sanidad) a lo más esperanzador, “lograr una verdades convivencia”.

Estremecedor
Acercarse a la situación de los poblados chabolistas puede convertirse en una experiencia 'estremecedora'. El presidente de Almería Acoge, Juan Miralles, decía ayer, a la vista de los datos del informe, que es “estremecedor que te cuenten que los han rechazado por ser negros o moros, que no tienen sitio en nuestra sociedad más que para trabajar. Es triste y me produce una profunda vergüenza”.

El estudio realizado, en el que han intervenido 217 personas, casi todas voluntarias, desvela una realidad que está llamando a las puertas de la sociedad almeriense; es un problema de derechos humanos, pero al mismo tiempo uno de carácter reputacional porque la existencia de los asentamientos afecta negativamente a la imagen de una Almería que basa buena parte de su economía en los mercados exteriores que, con el paso del tiempo, han asumido la importancia de los derechos humanos en aquellos territorios donde se produce lo que demandan los consumidores.

La situación en los asentamientos ha llegado ya al Parlamento Europeo y ya es tiempo de empezar a construir nueva realidades para esos inmigrantes que se han convertido en una parte importante en el modelo productivo.