Malu Mansilla
22:08 • 05 may. 2012
El Servicio de Protección de Menores de la Junta tutela en la provincia a unos trescientos niños, de los cuales solo una pequeña parte están en familias de acogida, la mayoría reside en uno de los 29 centros que existen en Almería. El alto precio de cada plaza en uno de estos centros, que puede superar los dos mil euros al mes, sumado a los beneficios que para el menor supone estar en un ambiente familiar hace que la administración esté estudiando implantar el acogimiento familiar profesionalizado, en un momento, además, de crisis económica en el que existen muchas familias con buena formación, pero sin un puesto laboral.
Así lo explica la jefa del Servicio de Protección de Menores, María García Cara, quien indica que “si bien no es algo que esté cerrado, sí se trata de un proyecto que se está estudiando y que podría implantarse en un futuro próximo”. Hasta el momento el acogimiento familiar implantado en la provincia, aunque tiene un pequeño apoyo económico, no está profesionalizado, y las familias pueden tener su propio empleo, siempre que demuestren que pueden cuidar al niño. Además, la mayoría de los acogimientos que se están dando tienen como protagonistas a familiares de los niños que, por alguna razón, han tenido que ser separados de sus padres.
Sin embargo, las familias dispuestas a acoger actualmente no son muchas y la gran mayoría de los niños terminan en centros de acogida donde, si bien se reproduce el ambiente familiar, lo más adecuado para ellos es que vivan en casa de unos tutores.
A esto hay que unir el tema económico: García indica que un menor de más de 12 años que que vive en un centro de acogida y que tiene ninguna necesidad especial -hay que tener en cuenta que existen centros para niños con discapacidad o problemas de conducta- cuesta 2.655 euros al mes. Un alto precio que podría rebajarse si el niño estuviera con una familia. “Aún no sabemos cuánto pagaríamos a una familia, pero podemos decir que ahora mismo las familias de acogida cobran 308 euros al mes y las de urgencia, 800. A las profesionalizadas se les pagaría más. Y aunque explica la responsable que “el presupuesto es el que es, si el proyecto funcionara y encontráramos a muchas familias siempre podrían cerrarse centros”.
Queda aún por trazar qué pedirá la Junta a una familia para que pueda hacer de la acogida una profesión, pero ya plantean que tendrían que tener alguna formación relacionada con la enseñanza o la psicología y que no trabajaran. La administración actuaría realizando seguimientos y analizando la idoneidad.
Así lo explica la jefa del Servicio de Protección de Menores, María García Cara, quien indica que “si bien no es algo que esté cerrado, sí se trata de un proyecto que se está estudiando y que podría implantarse en un futuro próximo”. Hasta el momento el acogimiento familiar implantado en la provincia, aunque tiene un pequeño apoyo económico, no está profesionalizado, y las familias pueden tener su propio empleo, siempre que demuestren que pueden cuidar al niño. Además, la mayoría de los acogimientos que se están dando tienen como protagonistas a familiares de los niños que, por alguna razón, han tenido que ser separados de sus padres.
Sin embargo, las familias dispuestas a acoger actualmente no son muchas y la gran mayoría de los niños terminan en centros de acogida donde, si bien se reproduce el ambiente familiar, lo más adecuado para ellos es que vivan en casa de unos tutores.
A esto hay que unir el tema económico: García indica que un menor de más de 12 años que que vive en un centro de acogida y que tiene ninguna necesidad especial -hay que tener en cuenta que existen centros para niños con discapacidad o problemas de conducta- cuesta 2.655 euros al mes. Un alto precio que podría rebajarse si el niño estuviera con una familia. “Aún no sabemos cuánto pagaríamos a una familia, pero podemos decir que ahora mismo las familias de acogida cobran 308 euros al mes y las de urgencia, 800. A las profesionalizadas se les pagaría más. Y aunque explica la responsable que “el presupuesto es el que es, si el proyecto funcionara y encontráramos a muchas familias siempre podrían cerrarse centros”.
Queda aún por trazar qué pedirá la Junta a una familia para que pueda hacer de la acogida una profesión, pero ya plantean que tendrían que tener alguna formación relacionada con la enseñanza o la psicología y que no trabajaran. La administración actuaría realizando seguimientos y analizando la idoneidad.
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