A juicio el presunto robo de agua en el Levante por valor de 58.039 euros

Un pago de 58.039 euros en concepto de responsabilidad civil y nueve meses pagando diariamente diez euros (en total 2.700 euros). Es la pena que la Fiscalía ha solicitado para los responsables de una sociedad denunciados por la Comunidad de Regantes Bajo Almanzora presidida por Antonio Segura y que en junio de 2022 presentó una querella criminal por un presunto delito de defraudación de agua.

En concreto, la comunidad de regantes se remonta en la querella presentada en el Juzgado de Instrucción de Huércal-Overa a los últimos meses de 2019 para hablar de las primeras detecciones de “pérdidas no muy significativas” de agua que circulaba por una de las principales tuberías propiedad del colectivo, si bien el siguiente mes de febrero “las pérdidas fueron más acentuadas”.

Eso sí, el “vallado total de una finca” por donde transita dicha tubería les impedía realizar una inspección exhaustiva del porqué de esta pérdida de agua. Por eso, tiempo después decidieron comprobar con colorante dónde terminaba el agua que circulaba por este conducto y, según la querella de la comunidad, lo hacía en embalses de la mencionada finca situada en un paraje de Huércal-Overa, ya que imágenes tomadas por dron mostraban presuntamente el bien líquido almacenado de color rojizo en una balsa situada en terreno propiedad de la sociedad denunciada.

Ahora, la justicia ha abierto un juicio oral para dirimir esta causa en la que la acusación particular ha sido más exigente que el Ministerio Fiscal, con peticiones que se elevan hasta los once meses de multa a razón de 30 euros diarios y una indemnización de forma solidaria para la Comunidad de Regantes Bajo Almanzora de 76.778 euros.

En su escrito, la Fiscalía considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de defraudación de aguas y considera a dos personas, administrador y representante de la mercantil denunciada, como presuntos coautores de estos hechos por los que interesa las penas antes descritas además de afrontar los costes del proceso judicial.

En este sentido, el Ministerio Fiscal cree que “con ánimo de obtener un beneficio económico” los acusados estuvieron presuntamente recibiendo “agua para su finca de forma ilegal desde principios de diciembre de 2019 hasta enero de 2022 en el volumen de 101.782 metros cúbicos valorados pericialmente en la cantidad de 58.039 euros”.